La provincia supera a Madrid en despidos y cierres de empresas

Más de 1.480 trabajadores de la provincia, frente a 1.266 madrileños, cobrarán salarios e indemnizaciones del Fogasa por las insolvencias de sus empresas.

R. C./J.L.Z Los trabajadores alicantinos están sufriendo con más virulencia que los madrileños los efectos de la actual desaceleración económica derivada de la crisis inmobiliaria, a tenor de las cifras del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa); correspondientes al primer trimestre del año. Con 1.482 trabajadores afectados por los 397 cierres empresariales y los 8,2 millones de euros de prestaciones, Alicante se sitúa en el segundo puesto en las estadísticas del Fogasa, por detrás de Barcelona y por delante de Madrid, que registra 1.266 despedidos por 491 cierres y el abono de 6,1 millones en concepto de salarios e indemnizaciones.

En los balances anuales, la provincia suele ocupar entre la tercera o cuarta posición, detrás de Barcelona, Madrid y, a veces, Valencia. Sin embargo, en el acumulado trimestral de este año, Alicante supera a la provincia de Madrid, que registra descensos tanto en el número de expedientes como de trabajadores y de prestaciones.

Con las elevadas cifras que registra Alicante, el sindicato CC OO urge la puesta en marcha del anunciado Observatorio contra el Fraude previsto por el Gobierno "porque está bien que el Fogasa pueda ayudar a superar las insolvencias en momentos de crisis, pero también debe de controlar a aquellas mercantiles que aprovechan los momentos de desaceleración general para realizar cierres fraudulentos para que los despidos los paguemos entre todos y el Observatorio puede ser una herramienta muy útil", subrayó Salvador Roig, responsable de comunicación de CC OO en l´Alacantí.

Hasta el pasado mes de marzo, las oficinas del Fogasa registraron 742 expedientes de insolvencias, que afectaban a 397 y 1.482 trabajadores. Estas cifras se han disparado con respecto al mismo periodo de 2007 por la crisis del ladrillo, al experimentar incrementos del 23%, en el caso de los expedientes de insolvencias; del 11,5%, en el de empresas afectadas; del 20,91% en el de trabajadores despedidos y del 21,18%, en las prestaciones.

El hecho de que los 4,9 millones que se han abonado en concepto de indemnizaciones superen a los 3,3 millones de salarios impagados por las mercantiles indica que la mayoría de los casos que han acabado en el Fogasa han sido por cierres definitivos, en vez de por insolvencias provisionales, según interpretaba Salvador Roig.

Si en la anterior crisis de las manufacturas, los trabajadores que tuvieron que cobrar sus salarios a través del Fogasa fueron los del calzado o el textil, en esta ocasión, han sido los de la construcción y los servicios.

"El perfil medio de los expedientes es de una pyme de hasta 50 trabajadores, fundamentalmente del sector inmobiliario y los servicios, que anteriormente han sido el motor de la economía provincial y que, ahora, con el cambio de ciclo han entrado en crisis", añadía Roig, quien reclamaba acuerdos urgentes con la patronal y las administraciones central y autonómica para superar los actuales momentos de desaceleración.

Los expedientes crecen un 10% en la Comunidad

El Fondo de Garantía Salarial, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo encargado de cubrir parte de las retribuciones económicas de trabajadores afectados por empresas insolventes, pagó un total de 16.304.089,9 euros a firmas de la Comunidad Valenciana durante el primer trimestre de 2008, cantidad que casi triplica la destinada en Madrid (6,1 millones de euros); aunque supone la mitad que la de Cataluña (30,2 millones);, autonomía que más fondos recibió del Fogasa en los tres primeros meses del presente ejercicio. En plena crisis inmobiliaria y del negocio auxiliar de la promoción y construcción, sólo las provincias de Alicante y Valencia, por separado, con 8,21 y 7,25 millones, respectivamente, superan a la capital de España en ayudas públicas procedentes del mencionado ente del Gobierno central. Castellón, con un tejido empresarial menos castigado por la desaceleración económica, tan sólo captó 455.036,6 euros. El número de expedientes tramitados por esta administración en la Comunidad elevó a 1.767 hasta marzo, que supone un aumento del 10% si se compara con idéntico periodo de 2007. Sea como fuere, las empresas afectadas se mantienen en una cifra semejante (1.033 compañías, una menos que el año precedente);, así como los trabajadores afectados (3.197 personas);.