Los catalanes votaron masivamente el pasado 21 de diciembre y el resultado de los comicios augura nuevos desencuentros, pues el bloque soberanista logró la mayoría absoluta con 72 escaños frente 57 del bloque constitucionalista. Se trató de unas elecciones excepcionales, con candidatos encarcelados o huidos de la Justicia en Bruselas, y el punto culminante de varios meses de auténtico vértigo, que ha sumido a España en su peor crisis política en 40 años. La cuestión catalana ha monopolizado el debate político en un año que ha encadenado una sucesión de «días históricos», con un referéndum ilegal, una fallida declaración de independencia o, en aplicación del polémico artículo 155, el cese del Govern y lacelebración de elecciones.
Las sucesivas decisiones del Govern y de la mayoría independentista en el Parlamento catalán y la respuesta del Gobierno recurriendo cada una de ellas a los tribunales han provocado una escalada de tensión política, especialmente en el último trimestre del año. Una tensión que ha tenido importantes repercusiones económicas (caída del turismo, del empleo, la inversión y traslado de la sede social de numerosas empresas fuera de Cataluña) y también sociales, ya que la crisis política ha estado acompañada de una fuerte carga emocional.
El referéndum del 1-O marcó un punto de inflexión en la dinámica separatista, que había acelerado sus planes a la vuelta del verano, apenas unos días después de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. Los plenos del Parlamento catalán del 6 y 7 de septiembre, en los que los independentistas aprobaron en solitario las llamadas leyes de desconexión, así como las protestas del 20 de septiembre contra los registros de varias consellerias y la detención de altos cargos de la Generalitat, permitieron al Gobierno constatar que los secesionistas iban a por todas.
Ya desde el verano, el Ministerio de Hacienda había apretado las tuercas económicas a la Generalitat para evitar que destinara dinero público a sufragar el 1-O, pero a mediados de septiembre acabó interviniendo por completo las cuentas autonómicas.
Por esas fechas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió a los líderes independentistas de que el Ejecutivo también iba en serio. «Están cometiendo ustedes un error y nos van a obligar a lo que no queremos llegar», les dijo desde Barcelona.
Con esos mimbres se llegó a la consulta del 1-O. Y, a pesar de la rotundidad del Gobierno, 2,2 millones de personas pudieron votar en medio de cargas policiales que dieron la vuelta al mundo. No obstante, las acusaciones más gruesas sobre esa supuesta represión las lanzó la número 2 de ERC, Marta Rovira, al asegurar que el Gobierno amenazó con muertos en las calles si no se frenaban las pretensiones independentistas, afirmación que no ha podido demostrar.
El año 2017 ha sido el año de las banderas, ya que la presencia de esteladas en ventanas y balcones de Cataluña ha tenido como respuesta una nunca antes vista -salvo con motivo de algún éxito deportivo- exhibición de banderas españolas en muchas ciudades del país. Esa nada habitual expresión del «nacionalismo español» ha sido identificada por los independentistas como un resurgimiento del franquismo y el totalitarismo en España.
