Una reforma amenazada de huelga

R. C. El fracaso de la negociación de la reforma laboral abre la puerta esta misma semana a su aprobación por decreto y, probablemente, a la convocatoria de una huelga general. La amenaza del paro general ha planeado durante el último tramo de las rondas negociadoras, aunque los sindicatos aún no han dicho la última palabra. El reciente fracaso de la jornada de movilización de los funcionarios, a los que -también por decreto- se les bajará el sueldo a partir de este mes una media del 5%, ha rebajado el tono de la advertencia.
En las últimas semanas, todas las partes: Gobierno y agentes sindicales manifestaban públicamente su voluntad de alcanzar un acuerdo, pero el pasado jueves de madrugada -tras once horas de negociación- se confirmó lo que no se atrevían a decir tan públicamente. Que era imposible alcanzar el consenso.
El abaratamiento del despido para reducir los costes empresariales, la flexibilización de las causas para que una empresa pueda llevarlo a cabo y la temporalidad han supuesto el principal escollo que ha impedido el pacto.
Un acuerdo que reclaman desde distintas instancias internacionales para iniciar la senda de la recuperación económica, ganarle la batalla al grave problema del paro y ganar, a su vez, credibilidad ante los mercados financieros, que no paran de presionar.
La perentoria necesidad de reducir el déficit y encaminar a la economía española hacia el crecimiento ha obligado al Gobierno a tomar una decisión de estilo salomónico. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, avanzaba el pasado jueves desde Roma (acudió a visitar al Papa como presidente de turno de la Unión Europea) que el documento del Gobierno pretende "reducir el esfuerzo y el coste del despido, sin que los trabajadores pierdan derechos".
Un día después dio a conocer a sindicatos y patronal el texto que aprobará el próximo miércoles, aunque, después, necesitará convalidarlo en el Congreso. No obstante, Zapatero confía en que la reforma pase el trámite parlamentario.
El documento prevé endurecer las condiciones de los contratos temporales, modificar las causas de los despidos objetivos, ampliar y universalizar el uso de los contratos de fomento del empleo indefinido (33 días de indemnización por año trabajado) hasta 2012 y que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) cubra ocho días de indemnización del despido en algunos casos. El Ejecutivo también propone despedir con 20 días de indemnización si la empresa suma seis meses en pérdidas. Esta flexibilización afectaría a todos los trabajadores con cualquier tipo de contrato, incluidos los indefinidos.
En este caso, el Gobierno está dispuesto a asumir ocho días del coste total del despido objetivo del contrato de fomento del empleo estable y lo haría a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Fondo para los despidos
La fórmula para financiar el coste del despido que contempla la reforma del Gobierno incluye la creación de un fondo de capitalización, sólo aplicable a contratos indefinidos, que abone una parte del coste del despido a partir del año 2012. El fondo se nutriría con aportaciones empresariales.
El texto del Ejecutivo también flexibiliza el denominado "descuelgue del convenio". Las empresas ya podían hacerlo con anterioridad, pero la complicada tramitación para justificarlo, les retraía de acogerse a esta cláusula.
Ahora, podrán hacerlo si demuestran "una significativa caída de la actividad" o un cambio "en la posición competitiva del mercado".

Menos temporalidad
El Gobierno de Zapatero quiere penalizar la temporalidad y facilitar la conversión de los contratos temporales en estables. Además, para los colectivos más afectados por el paro: jóvenes, mujeres y desempleados de larga duración, el documento propone un plan de choque -en el que coinciden todas las partes- con el que se pretende frenar el desempleo juvenil. También prevé una concentración de las bonificaciones a la contratación de jóvenes, mujeres y parados de larga duración.
Patronal y sindicatos recibieron el pasado viernes el documento de la reforma que aprobará el miércoles el Gobierno. Aunque los agentes sociales analizarán mañana, lunes, con más detalle el texto, ya han realizado las primeras valoraciones. El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, avanzó que una reforma laboral es imprescindible, pero no suficiente para crear empleo y que es necesario hacer "otras muchas más" y, sobre todo, tener crecimiento económico.
El dirigente empresarial reconoció que el borrador del documento contenía problemas "varios" y que los empresarios discreparon durante la negociación en cuatro puntos: la flexibilidad interna de las empresas, la contratación, el despido y las causas de la extinción del contrato. Díaz Ferrán subrayó que el mercado de trabajo es "obsoleto" y que, por tanto, es una "magnífica noticia" que el Gobierno haya decidido llevar al Consejo de Ministros del día 16 la reforma laboral, pero, incidió en que, "ahora hace falta que sea la que necesita la economía del país".
Desde Alicante, la secretaria general de CC OO en l´Alacantí-Les Marines y su homólogo en UGT l´Alacantí, Óscar Llopis, rechazaban las medidas que supongan una mayor flexibilización de los costes del despido y una desarticulación de la negociación colectiva "porque no son medidas que favorezcan el mantenimiento ni la creación de empleo estable", subrayaba Navarro, quien añadía que "en Alicante no cuesta tanto despedir, el despido es ya altamente flexible, siendo la contratación temporal su primera fuente. Además, en la provincia la destrucción de empleo temporal e indefinido es muy alto, y muchos de los despidos efectuados son improcedentes". Para la dirigente sindical, los últimos datos de la Inspección de Trabajo de Alicante reflejan que las sanciones laborales por incumplimientos con la Seguridad Social "ascienden a 4 millones y las cuotas que deben ser liquidadas ascienden a 26 millones". Además, destacaba que los costes del despido que el Fogasa gestiona en Alicante "son de los más altos de España".
Por su parte, Óscar Llopis lamenta que "la única reforma que parece posible es la del despido. No se habla de políticas activas, ni de cómo las empresas toman medidas preventivas, adaptándose a la crisis, en vez de expulsar de sus trabajadores del mercado laboral". Llopis cree que sólo una reforma de "buena calidad puede ayudar a crear empleo, pero si es mala, la obstaculizará. Y ni la primera ni la segunda ayudarán a resolver los problemas del paro y del crecimiento económico".

UGT: "Más empleo juvenil"
UGT considera que le colectivo juvenil es uno de los más afectados por la actual crisis y el paro. En los cinco primeros meses del año sólo el 43,3% de los 148.674 contratos realizados en Alicante se destinaron a jóvenes de menos de 30 años y, además, sólo un 10,3% era de carácter fijo, un porcentaje inferior al 11,8% del total de contratación indefinida. Llopis advierte, asimismo, de que el contrato formativo, "que debería servir para introducir a los jóvenes en el mercado laboral, sólo se ha utilizado en 830 contratos, en decir en un 1,28% de los casos".