Las indemnizaciones por despido ordenadas por los juzgados crecen un 41%

R.C. Las indemnizaciones por despido reconocidas por los juzgados de lo social se han incrementado un 41% en la provincia en el primer trimestre del año, mientras que el importe de los casos que acabaron con acuerdo por la intervención previa y obligada -en caso de conflicto- del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) ha bajado casi en la misma proporción, un 40,5%, entre enero y febrero.
El despido laboral es una situación temida por todos los trabajadores y más en un periodo de crisis. Miles de alicantinos se han tenido que enfrentar a esta circunstancia por primera vez en los dos últimos años cuando los efectos de la recesión han sido más intensos. Y el contenido de la reforma laboral aprobado el pasado miércoles por el Consejo de Ministros ha venido a aumentar la incertidumbre.
En la última semana las causas y los costes del despido han sido asuntos sobre los que más líneas se han escrito al hilo de la reforma laboral, ampliamente criticada por los sindicatos por considerar que facilita y abarata la salida de empleados del mercado de trabajo. Pero también por la CEOE, que la considera "insuficiente". La patronal pide que se concreten las causas del despido objetivo y que se eliminen los 45 días de indemnización.
Con este intenso y polémico debate como escenario -a expensas de que el Congreso convalide o no el decreto de reforma aprobado por el Ejecutivo- las últimas estadísticas del Ministerio de Trabajo reflejan que los juzgados de lo social han reconocido durante el primer trimestre del año el pago de indemnizaciones por valor de 19,4 millones de euros a trabajadores despedidos en la provincia. Una cifra que supone un 41% más que en el mismo periodo anterior, en el que los empresarios alicantinos tuvieron que abonar más de 13,7 millones. Hasta marzo, los juzgados han resuelto 1.823 asuntos judiciales por esta causa, lo que supone que la media de la reparación económica ha superado los 10.000 euros. El elevado número de casos, además, está generando un auténtico colapso de trabajo en estas sedes judiciales.
Pese al montante global tan abultado, el sindicato CC OO advierte de que, en realidad, "gran parte de las indemnizaciones no acaban pagándose en su integridad por los empresarios, ya que muchas compañías, al declararse insolventes, no hacen frente a los pagos y éstos se derivan al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)", subrayó Salvador Roig, portavoz de la ejecutiva de CC OO en l´Alacanti-Les Marines.
Tanto por el volumen de las cuantías como de los casos de despidos tramitados en los juzgados, Alicante se sitúa a la cabeza, después de Madrid, Barcelona y Valencia. "Una evidencia de que la crisis ha azotado con mucha fuerza en esta provincia. Además, proporcionalmente a la población activa, Alicante ocupa, en comparación con otras zonas, el primer lugar del Estado en cuanto aportaciones del Fogasa", añadía Roig.
El último balance estadístico refleja que en el periodo de enero a mayo, este organismo dependiente del Ministerio de Trabajo ha abonado 47,8 millones de euros, una cifra casi cuatro veces mayor al importe de 12,3 millones que representaron las prestaciones del Fogasa en el mismo periodo del pasado año, sumando la deuda salarial y las indemnizaciones a los afectados por el cierre o las insolvencias de las empresas para las que trabajaban.
Este sindicato alerta, además, de que los últimos cambios derivados de la reforma laboral pueden "agravar aún más la situación en Alicante", según Salvador Roig. La rigidez del mercado laboral a la que se refiere la patronal "no tiene ningun fundamento con estos datos de despido en nuestra provincia", añade el dirigente sindical. "Y ademas por la configuracion de nuestro tejido productivo, con unos altos índices de picaresca empresarial, las indemnizaciones son asumidas por Fogasa", insiste.
Debido a estas cincunstancias, Roig considera que "la reforma laboral se va a convertir en un estímulo para despedir mas con menos dinero para los trabajadores y menor coste para los empresarios, lo que supone una grandísima injusticia y una cacicada del Gobierno".
El panorama sobre el que advierte el sindicato viene determinado por los cambios introducidos por el Ejecutivo en la normativa que regula el mercado laboral. La generalización del contrato de fomento del empleo estable, que supone una indemnización de 33 días, frente a la ordinaria de 45, así como la posibilidad de despedir por causas objetivas con 20 días de indemnización cuando las empresas en crisis argumenten pérdidas -sin que tengan que justificar un plazo mínimo acumulado- abren la puerta a aumentar los despidos, según los sindicatos. No obstante, en el último caso será un juez el que determine si está justificado el despido en las empresas en crisis.
Probablemente, a la vuelta de un tiempo, las abultadas cifras indemnizatorias que reconocen los juzgados podrían verse disminuidas al aplicarse la nueva normativa, "y todo ello, pese a que los trabajadores tienen reconocidos unos derechos y no son los causantes de esta crisis", inciden desde UGT en l´Alacantí.Este sindicato, además, advierte sobre el hecho de que las cantidades acordadas en despidos con avenencia se haya reducido un 40,5% en la provincia entre enero y febrero en comparación con el mismo periodo del año 2009.
De los siete millones de euros acordados, tras la mediación del Servicio de Arbitraje y Conciliación, en los dos primeros meses de 2009, se ha pasado a los 4,1 millones. UGT atribuye este descenso de las cantidades indemnizatorias al hecho de que la oleada de despidos se registrara con mayor intensidad en 2009 "porque no se puede despedir a más gente, ni cerrar más empresas porque se ha tocado fondo y porque los salarios son más bajos ahora", señalaron fuentes del sindicato.