La crisis que viene padeciendo habitualmente la agricultura alicantina se ha visto este año más golpeada debido a varios factores como la brutal caída de los precios percibidos en origen por los productores, el progresivo incremento de los precios de los factores de producción -abonos, fitosanitarios, combustibles, etc.- y la existencia de una incertidumbre económica global, que ha provocado un deterioro en las rentas del consumidor y, por ende, una disminución de la demanda global, tanto de productos agroalimentarios como de otros bienes y servicios.
En relación a esta cuestión, la competencia de terceros países, tanto en los mercados españoles como los internacionales, también ha sido otra de las cuestiones que ha contribuido a que el productor hortofrutícola esté perdiendo rentabilidad. El productor y, principalmente, el hortofrutícola está perdiendo competitividad, pero este deterioro que sufre en sus rentas no se traslada al consumidor mediante una correlativa bajada de precios, sino que tanto uno como otro son los escalones perdedores de una cadena alimentaria totalmente desequilibrada y muy favorable a la distribución, que está haciendo inviable la actividad de gran número de explotaciones, como así lo demuestra el progresivo envejecimiento de la población activa agraria y la ausencia de relevo generacional, lo cual tendrá colateralmente consecuencias medioambientales al ser esta actividad su principal garante.
Finalmente, y por si algún contratiempo faltaba, estos días hemos conocido que nuestro histórico déficit de agua (al que en estas tierras se le ha hecho frente con unas inversiones cuantiosas en sistemas de riego localizado que han mejorado su eficiencia y uso, equiparándose actualmente a una agricultura tan eficiente como la de Israel), podría haberse agravado todavía más si hubiera prosperado la propuesta de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla la Mancha respecto a asegurar unas reservas hídricas a esta región, absolutamente disparatadas y sin tener en cuenta compromisos anteriores, que podrían haber finiquitado el Trasvase Tajo-Segura del que dependen los regadíos y agricultura de nuestra tierra.
desequilibrios hídricos
En este problema no se han tenido en cuenta que los desequilibrios hídricos que padece España sólo pueden solucionarse con una perspectiva más global y menos puntual, ya que hay recursos suficientes en el Estado para satisfacer las distintas demandas regionales, algo que para llevarse a efecto sólo precisa de voluntad política y sentido de Estado en los grupos políticos. A veces, los ciudadanos perciben a la clase política como un problema en España, más que como solución.
En estos caos, los gobiernos central y autonómicos, deben ejercer su función y competencias para anticiparse a los acontecimientos, y dejar de ser meros espectadores o notarios de la situación. Así, deben intervenir con políticas más activas, que impulsen la actividad agraria. Además de proponer en la Unión Europea la modificación de unas medidas que utilizan los recursos para desactivar la producción, deben promover el empleo directo e indirecto en la agricultura en un momento de crisis económica como la actual.
potencial económico
También deben intervenir en los debates que generan incertidumbre en el sector agrario, como ha sido la del trasvase Tajo-Segura, que eviten situaciones que provocan inseguridad en zonas de gran potencial económico como la nuestra.
Y, por último, los gobiernos deben estimular acuerdos en la cadena alimentaria que sean más equilibrados, impidiendo situaciones en la que los productores vendan sus productos a pérdida o por debajo de sus costes de producción, al mismo tiempo que a los consumidores los encarecen, haciéndole ver a una comisión de la competencia que las relaciones justas y el equilibrio entre los distintos operadores de la cadena alimentaria no atentan contra la competencia, sino todo lo contrario.
Las situaciones de oligopolio en la distribución son las que alteran la relación de precios y en consecuencia el equilibrio del mercado.
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