´El plan de ajuste reducirá la actividad económica´

R. CARRIZOSA Usted ha dicho estos días que CC OO trabaja ya en un escenario de huelga general. ¿Hay fecha? ¿De qué depende que los sindicatos levanten la espita de la convocatoria?
De varias cosas. De los órganos de decisión del sindicato, del consenso con UGT, que es imprescindible. También depende de si el Gobierno profundiza en esta dinámica de reformas que suponen altos riesgos económicos y para el empleo. Estamos en una fase muy delicada en relación con la negociación tripartita en el mercado de trabajo. Queremos darle una oportunidad al acuerdo y vamos a trabajar para conseguirlo en esta semana o la siguiente. Creo que éste también será un factor determinante.
¿Pensionistas y funcionarios son los primeros paganos de la actual fase de la crisis?
De esta fase de la crisis, sí. Pero en lo que llevamos de crisis ha habido sectores que han pagado y están pagando una factura altísima. Pero de este giro que ha dado el Gobierno a la política económica, sí.
A los sindicatos se les ha criticado que con cuatro millones de parados no convocaran una huelga y ahora lo hagan con los funcionarios. ¿Qué responde?
Son críticas interesadas e injustas. Un año y medio atrás los trabajadores, muchos de ellos en la Comunidad Valenciana, se movilizaron contra la crisis industrial, contra los expedientes de regulación de empleo, algo por lo que fuimos muy criticados aquí en la Comunidad. También nos hemos movilizado en defensa del sistema de pensiones y de la protección social. En este caso se dieron pasos importantes como la creación del fondo para el reparto de los 420 euros a parados que hubieran agotado la prestación. Entiendo la fragilidad de la memoria colectiva de la sociedad. Ésta ni es la primera ni será la última movilización que hagamos. Pero hay una diferencia entre lo que se hace ahora con pensionistas y empleados públicos en comparación con el sector privado. Nosotros hemos asumido ajustes salariales con muchas empresas de este país, después de una negociación, que han salvado la actividad. Aquí el Gobierno no ha tenido ni la más mínima intención de negociar ni tan siquiera consultar a las organizaciones de la Función Pública con las que había suscrito un acuerdo para tres años hacía poco tiempo. Y por la vía del decreto decide reducir los salarios a los empelados públicos y congelar las pensiones, poniendo en riesgo -sin consulta ni negociación- el consenso establecido en este país, no sólo con sindicatos y empresarios, sino también con lo partidos, alrededor del Pacto de Toledo.
¿Teme más recortes a nivel social? En los últimos días se ha dejado en el aire la prórroga de los 426 euros a parados sin prestación.
La Unión Europea y el Gobierno español han abierto una dinámica para satisfacer los apetitos de los mercados financieros. La posibilidad de nuevos recortes está muy vinculada a que la Unión Europea adopte medidas como las anunciadas por Alemania para controlar estos movimientos especulativos a corto plazo o una actitud más decidida en esa dirección. Si no es así, es altamente probable que las medidas aprobadas por el Gobierno, al actuar sobre el gasto y no sobre los ingresos, fuercen a otras complementarias. Ahora están actuando sobre salarios, pensiones, dependencia o inversión publica, pero puede que se vean impelidos a actuar sobre factores que el Gobierno ha dicho que no se iban a tocar como la sanidad, la educación o la protección al desempleo. No lo descarto. ¿Cuándo pueden actuar? Es imprevisible.
¿Si se alcanza un acuerdo sobre la reforma laboral, se convocaría, igualmente, una huelga general?
Depende de los otros factores. La reforma laboral es un instrumento complementario y depende de cómo se haga. La reforma, incluso, la más intensa que podamos imaginar no va a crear empleo. El empleo lo va a crear el desarrollo de la actividad económica, a partir de la inversión pública y privada. Podemos hacer todavía un acuerdo -y está complicado- y aún así no ser suficiente para conseguir reducir la tasa de paro, que es lo que me preocupa.
¿Prevé un consenso o cree que, finalmente, será por decreto, como ha apremiado el Gobierno?
El Gobierno está haciendo un mal negocio. Se confunde, otra vez, y quiere provocar una situación delicada. No digo que el Gobierno no tenga capacidad de iniciativa, para eso ha sido elegido. Pero si se decide llevar algunos elementos de la política a la negociación con las partes, lo que no puede es desincentivar esa negociación. Y todas las reformas que ha habido no pactadas en España han sido profundamente ineficaces, cuando no lesivas para los intereses de la mayoría.
¿La reforma está encallada?
La distancia sigue siendo importante. Hay planteamientos de los empresarios que no tienen mucho sentido. Pero negociamos a buen ritmo, manteniendo conversaciones intensas y confío que podamos llegar a un acuerdo.
¿A final de mes o ya en junio?
Coincidiendo con el final de mes sería un tiempo de utilidad, aunque algunas cosas llegarían con retraso. Nosotros hemos propuesto medidas que permitan la reducción de jornada, sobre la que llevamos hablando ocho meses y hay bastante consenso, pero hay asuntos que no acaban de cuajar.
¿Un acuerdo en la reforma puede ser el germen para un cambio de modelo productivo que reclaman los sindicatos?
El cambio de modelo productivo está asociado a varias cosas. No le resto importancia al papel del Estatuto de los Trabajadores para facilitar el cambio. La negociación colectiva tiene potenciales más importantes que el propio Estatuto para llegar a la transformación de ese modelo productivo. Pero otra parte importante tiene que venir de la actividad privada y pública en inversión en innovación tecnológica o definición de nuevos sectores. No hay que acabar con la construcción o el turismo. Ambos pueden ser sectores sostenibles en una nueva economía en términos más eficientes.
¿Cree que este año se llegará a la cifra de los cinco millones de parados?
No me gusta hacer futuribles con estas cosas, pero las probabilidades son altas en la medida en que se vaya a constreñir más la actividad económica como consecuencia del plan de ajuste del Gobierno. Retirar 15.000 millones de euros de forma abrupta de la actividad, mermando la capacidad de consumo de pensionistas y funcionarios y con menos inversión, supondrá un descenso de la actividad económica y tendremos problemas en el empleo.
También ha dicho estos días que el Gobierno está falto de credibilidad. ¿Planea el fantasma de las elecciones anticipadas y cómo influiría ese proceso en la economía?
El Gobierno actúa a golpe de improvisación y esa sensación de poca fiabilidad que transmite está arruinando a marchas forzadas su propio crédito. No sé si son conscientes de ello. Deberían salir más a la calle y poner el oído para escuchar lo que opina la gente. Un escenario de elecciones anticipadas no es el más adecuado. Pero no me corresponde a mí decidirlo. En medio de una crisis, era lo único que nos faltaba, aparte del clima de confrontación social que se puede generar sobre las decisiones que está tomando el Gobierno. No obstante, dentro de poco habrá elecciones en Cataluña y dentro de un poco más elecciones autonómicas y municipales. Este país está casi permanentemente en estado electoral.
¿Qué le parece la propuesta de subida de impuestos a las grandes fortunas?
Hay que ir a una reforma fiscal. Si no se puede hacer una importante, al menos, habría que tomar algunas medidas con carácter transitorio -para la crisis-. En lugar de descargar sobre la reducción del gasto todo el esfuerzo del ajuste, hay cosas que se podrían hacer sin necesidad de reforma. Por ejemplo, recuperar el Impuesto de Patrimonio o de Sucesiones, que tendrían que hacerlo las autonomías, o establecer una fiscalidad mayor alrededor de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav) y creo que sería necesario actuar sobre el IRPF. Soy partidario de establecer un marginal superior al 43% para rentas que habría que determinar. Superiores a 100.000 euros, por ejemplo, durante un periodo. Como lo han hecho Inglaterra o Portugal. Lo que no se puede, y esto es lo que no comparto con el presidente del Gobierno, es hacer anuncios, según sople el viento. Dos días antes negar que hay que ir a mejorar la capacidad recaudatoria y luego publicitar una medida que es pura estética, pura cosmética que no tiene impacto recaudatorio ninguno. Lo que hay que perseguir es el fraude fiscal y la economía sumergida.
Ustedes piden una regulación del mercado financiero, ¿cómo proponen que se controle, ahora que los Estados de la UE intentan coordinar medidas?
La Unión Europea ha dado un paso con la configuración de un fondo de salvamento de la economía griega y de recursos para utilizar en caso de nuevas tensiones. Pero es insuficiente. Los sindicatos insistimos en una idea de la que, incluso, han hablado gobernantes como el presidente de Brasil. Sería el establecimiento de una tasa a las transacciones financieras internacionales para evitar movimientos especulativos masivos o una tasa a los beneficios de las grandes corporaciones, incluidas las financieras, que permitan recuperar una parte de los recursos que la sociedad ha puesto a su disposición. Se podría dar un paso más en la UE con la prohibición de movimientos especulativos.
Y en el panorama español, ¿cree que la reforma del sistema financiero sólo pasa por rediseñar el mapa, las cuotas, los derechos políticos?
España no es una isla y el sistema financiero español está inmerso en un marco de economía globalizada. Habría que insistir en la erradicación de los paraísos fiscales, una idea que se descafeinó. Otros aspectos a abordar son los "bonus" y los salarios de importantes directivos de las corporaciones financieras y de otro tipo. España tiene una regulación financiera mayor que otros países a nivel internacional. Crisis como las de Banesto generaron en su día las vacunas. Pero se ha visto que son insuficientes y habría que evitar que la crisis se convierta en el espacio adecuado para bancarizar el sistema de cajas. A las cajas hay que dotarlas de solidez. Hay que capitalizarlas. Una parte tiene que ver con políticas de fusiones, de concentración... Tienen que aumentar recursos para mejorar sus estructuras de capital. En el debate de las cuotas y los derechos políticos, creo que hay que poner límites. La mayoría deben ser públicos. La naturaleza jurídica de las cajas no debe cambiar, debe mantenerse la esencia del no reparto de dividendos y, muy importante, preservar el empleo. Además, hay que tener muy en cuenta los elementos de complementariedad porque hay muchas cajas que compiten en el mismo pueblo o ciudad. Un proceso desordenado de fusiones puede destruir muchísimo empleo.
¿Entonces mejor las alianzas interregionales que las intrarregionales?
Hay algunas intrarregionales que pueden tener sentido, pero hay muchas veces en que la complementariedad está vinculada a que sean espacios más amplios.
¿Cree que el proceso del caso Gürtel puede afectar al desarrollo económico de la Comunidad Valenciana, a la que está castigando intensamente la crisis?
No sé hasta qué punto. Pero sí sé qué está generando una situación excepcional en lo político, que puede tener también influencias en lo económico. Está generando una suerte de parálisis de las instituciones democráticas que no es deseable en ningún momento y menos en las circunstancias actuales. Pero, sobre todo, tiene el efecto demoledor desde el punto moral y ético para los comportamientos ciudadanos. No se le pueden pedir esfuerzos a la ciudadanía cuando tiene la percepción de que, a veces, vale todo para presuntos enriquecimientos personales o similares. Creo que España va a salir de la crisis económica más tarde o más temprano. Lo va a hacer, pero hay una crisis que no puede instalarse entre nosotros, que es más demoledora que la económica, que es la crisis ética y la moral.