´Las acusaciones de Camps contra los jueces son muy graves, debería argumentarlas con datos´

POR SANDRA LLINARES El TSJ de Madrid ve hasta siete delitos en el caso Gürtel que afectan al presidente de la Generalitat Valenciana. ¿Cree que Francisco Camps debe dimitir?
Es una pregunta de contenido político a la que no puedo responder. Lo que conviene es no entorpecer el proceso desde fuera, a la vez que la Justicia debe acelerarlo.
¿Y qué le parece que el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana no apreciase indicios de delito de cohecho por el asunto de los trajes de Camps?
Esto es algo que sucede con frecuencia en Justicia, y para eso están los recursos, para corregir las decisiones. En este caso el Tribunal Supremo ha decidido corregir la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a efectos de investigación, que aún está en una fase embrionaria. Ya veremos a qué conclusiones se llega y hasta dónde se extiende la investigación.
¿Cómo valora las declaraciones de Camps acusando a los jueces directamente y al Gobierno de conspirar contra él?
Me parecen unas acusaciones muy graves, eso hay que basarlo en datos reales, y si los tiene, que los argumente, porque algunas podrían constituir delitos perseguibles por la Justicia. Lo que yo creo es que no se deben poner obstáculos a la investigación y sobre todo hacer elucubraciones que necesitan de un contraste probatorio. A mi me parece que, por un lado, los jueces debemos mantenernos en nuestro espacio, pero los políticos tienen que dejar trabajar a la Justicia. La gran aportación del sistema democrático es la transparencia. Cuando todo esto se aclare y se llegue a una conclusión es cuando se podrán hacer críticas a una resolución judicial. Mientras tanto me parece que es absolutamente perturbador.
Usted está acostumbrado a los procedimientos con aforados. ¿Qué puede pasar con Camps, jurídicamente hablando, si se sienta en el banquillo?
En realidad un juicio con aforados es exactamente igual que un juicio sin aforados. Hay unas reglas del juego, una acusación y una defensa. Por tanto no se trata de personalizar en nadie, sino que si se llega a un juicio oral, cosa que no lo sé, despejar las dudas como con cualquier otro ciudadano que haya cometido un hecho delictivo. La única especialidad radica en el tribunal que se encarga de investigar.
¿Es el Código Penal demasiado benevolente con los políticos corruptos?
Parece que sí, porque precisamente la última reforma, que está muy avanzada, hace hincapié precisamente en la necesidad de intensificar las penas por los delitos de corrupción y que en todos los casos lleven aparejada la pena de prisión. A partir de su entrada en vigor el nuevo código llevará consigo la pena de prisión, que en algunos casos será un castigo grave, y en otros casos, si es menos de dos años, se podría suspender. Pero la idea es intensificar con penas de prisión la actitud corrupta de los funcionarios y trabajadores al servicio público.
¿Cuál es la gravedad de un delito de cohecho impropio, como el aceptar unos trajes regalados?
Todo está dentro del marco de los delitos cometidos por los funcionarios y los servidores públicos. Desde hace tiempo hay una mayor preocupación lógica por el fenómeno de la corrupción en el desempeño de la función pública. Es uno de los mayores males que se puede causar a una democracia. En una dictadura, la corrupción es consustancial, pero en una democracia, si se instaura de una manera casi institucional, pierde valores y los ciudadanos dejan de creer en la misma. No ha habido ninguna organización terrorista que hay conseguido derribar a una democracia, pero sí ha habido fenómenos de corrupción que han conseguido envenenar a una democracia.
¿Está politizada la Justicia?
En la Justicia, que tiene un número de jueces muy alto, habrá de todo. Los casos que están nuestras manos nos llegan a nuestros despachos, no salimos a buscarlos a la calle. Entonces, si el conflicto tiene una trascendencia política importante, algunos opinarán que el caso se habrá politizado, lo cual no me parece que sea una opinión muy certera.
¿Y los procesos de elección para los cargos judiciales, como el que actualmente vive la Comunidad Valenciana para la presidencia del TSJ, ¿Son un intercambio de cromos entre los distintos partidos?
Yo ya hace muchos años que viví un caso que me afectó directamente cuando pedí la presidencia de la Sala Segunda del Supremo. Después de unos meses retiré mi petición al ver, como dije en su día, que el sistema era un intercambio de cromos y no era serio. Por desgracia creo que las cosas no han mejorado demasiado y el sistema es manifiestamente mejorable. Por ello pienso que el propio Consejo General del Poder Judicial debería tomar conciencia de la mala imagen que esto da y lo que desprestigia a las instituciones. Lo que me preocupa es que se intercambien cromos en función de las adscripciones a las distintas asociaciones de jueces. Existe una gran masa de no asociados -y eso que yo soy asociado- que están siendo olvidados en los nombramientos.
¿A quién ve presidiendo el TSJ de la Comunidad Valenciana?
No conozco con detalle el proceso aquí ni a los posibles candidatos, pero si tuviera que describir un perfil apostaría por una persona ajena a las asociaciones, de reconocido prestigio profesional y méritos jurídicos.
¿Y cree que se hará así después de lo que acabamos de hablar?
Yo deseo que se haga así. Ahora, a estas alturas, no sé si veremos lo que no vimos.
¿Qué piensa de la causa abierta contra Garzón, que precisamente lleva un magistrado de la sala Segunda del Supremo, a la que usted perteneció?
En este asunto ha habido varios frentes. Uno, lo relativo a los acontecimientos derivados de la Guerra Civil, como desaparición de personas y delitos que, normalmente, cuando son relacionados con el exterminio, hay un consenso internacional en que sean considerados como crímenes contra la humanidad. Creo que mis colegas deben reconsiderar la reacción internacional que ha producido el encausamiento del juez Garzón. Esto quiere decir algo. No se trata sólo de un problema nacional que se resuelva con arreglo a criterios o posicionamientos respecto a la Guerra Civil. Eso sería un disparate histórico, sino que en esta causa se refleja lo que han sido los crímenes contra la humanidad, un reflejo que se inició en Nuremberg, que se consolidó a través de las Naciones Unidas, que se ha plasmado en distintos tratados que España firmó, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos antes de la Amnistía. Cualquiera que sea la posición sobre la amnistía, lo cierto es que España había firmado el pacto y eso la comprometía a aplicar retroactivamente las normas del Derecho Internacional de los tratados. Estamos ante un debate jurídico, y siempre he pensado que cuando hay debate jurídico, no existe prevaricación.
¿Y debería Garzón sentarse en el banquillo por intervenir las conversaciones de sospechosos del caso Gürtel con sus abogados?
Lo cierto es que estas escuchas son polémicas y se han declarado nulas. Desde 1992, cuando se dictó el auto del caso Naseiro, tan relacionado con la Comunidad Valenciana y donde las escuchas no tuvieron valor probatorio, el Supremo puede haber declarado nulas, sin exagerar, unas 300 ó 400 escuchas. En ningún caso el Supremo ha procedido contra el juez. Si de ahí nunca hemos pasado, creo que ahora tampoco.
Los motivos urbanísticos le han traído esta vez a Alicante, invitado a un acto en Almoradí. ¿Hay suficiente espacio en las cárceles para políticos y empresarios?
Hubo un momento en Alahurín de la Torre donde hubo desfile de políticos. Creo que la corrupción urbanística es muy grave y hay que combatirla con medidas administrativas que funcionen, pero desgraciadamente el proceso contencioso no ha funcionado, y entonces hay que recurrir al proceso penal y acordar la demolición de lo construido. Si aquí hay casas en dominio marítimo hay que actuar, no como un caballo en una cacharrería, pero la consecuencia lógica y natural es el derribo.
La implantación de la oficina judicial en Alicante tardará y está generando conflictos de adaptación ¿Está cogida con pinzas la modernización por la falta de presupuesto?
El problema para mi es más de actualizar los procedimientos, hacerlos verdaderamente orales, no con tanto trámites como ahora. No soy un entusiasta del sistema anglosajón, pero deberíamos acercarnos. El señor de la estafa Madoff ha ido a la cárcel en nueve meses. Aquí el señor Madoff se moriría sin haber empezado la primera instancia.
En Alicante hay operaciones judiciales abiertas durante años como la Operación Brugal. ¿Se puede tener tanto tiempo paralizado un proceso en la Fiscalía Anticorrupción?
Insisto en que el problema está en el propio sistema procesal, vuelvo a lo de antes. Estamos en un sistema que exige excesivos trámites, más propio del siglo XIX. También influyen los grandes bufetes de abogados, que utilizan, como es lógico, todos los resortes para ralentizar los procesos, sobre todo cuando su cliente está en libertad. Todo esto hay que meditarlo. Estamos en un sistema procesal penal que cuando sale adelante un procedimiento han pasado hasta diez años de los hechos.
¿Cómo valora el enquistado proceso de renovación del Tribunal Constitucional?
En negativo. Cuando se ponen por encima del interés institucional los intereses particulares; cuando la sociedad percibe que los que están llamados a elegir no tienen en consideración los méritos objetivos y relevantes de las personas, sino más bien su debilidad partidaria, el tribunal puede terminar perdido dentro de esta vorágine y clientelismo partidista. Y eso en instituciones que precisamente tienen la función de controlar a los otros poderes. Los controlados no quieren que los controladores sean demasiado independientes.
¿Cree que debe salir adelante el Estatuto de Cataluña?
Yo pienso que en su integridad no, pero en un gran porcentaje sí, y ya han pasado tres años. Ha sido sometido a un referéndum y eso es un elemento muy importante.
En la provincia de Alicante hay convenios para reeducar a menores delincuentes o para mediar en conflictos entre padres separados. ¿Qué papel juega la justicia de mediación?
Para mi es muy positiva, necesaria y sobre todo urgente. Antes, los accidentes normales de automóvil, hasta los más banales, terminaban siempre en un juicio, pero cuando se trata de conflictos más personales necesitamos más cultura de la mediación. En casos de violencia familiar es imprescindible sin duda la mediación, porque a veces el Derecho Penal incluso empeora más las cosas.