Reportaje. LABORAL
R. C.
Las últimas propuestas y contrapropuestas que desde el Gobierno o la patronal se están poniendo sobre la mesa para introducir cambios en el mercado laboral que permitan impulsar el empleo -tras dos años de crisis- afectan directamente a los jóvenes. El desempleo entre este colectivo, uno de los más castigados por los efectos de la recesión, supone el 23% del paro provincial y soporta uno de los mayores índices de precariedad laboral.
Tras los anuncios del Gobierno de reformas en el mercado de trabajo y el sistema de pensiones, la CEOE sorprendía recientemente con una iniciativa -retirada al día siguiente de su anuncio tras el rechazo general de Gobierno y sindicatos- que planteaba un nuevo tipo de contrato para jóvenes, similar al modelo francés. Sería fijo, pero sin derecho a indemnización por despido y con una retribución inferior, en muchos de los casos, al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Incertidumbre
La retirada de la propuesta ha desactivado -de momento- la polémica, pero para el colectivo de trabajadores jóvenes persiste la incertidumbre sobre cómo le afectarán las reformas pendientes del mercado de trabajo y de las pensiones. Los sindicatos ya advierten de que la propuesta del Gobierno para retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años no sólo significaría un recorte de derechos, sino que agravaría las actuales dificultades para acceder al mercado laboral de los jóvenes.
En la provincia, los temores sobre las repercusiones que tendría la definitiva aplicación de la reforma del sistema de pensiones los sufren más de 46.000 trabajadores alicantinos menores de 29 años que están sin trabajo, una cifra que representa el 23% del total del paro provincial.
Casi seis mil de estos jóvenes han perdido su empleo en el último año y de ellos, los que tienen entre 25 y 29 años conforman la franja de edad más afectada, al sumar 3.840 desempleados más, según los datos facilitados por UGT.
Tanto para este sindicato como para CC OO, lo prioritario en la actual situación sería la puesta en marcha de políticas activas de empleo que aumenten la recaudación, en vez de plantear el retraso de la edad de jubilación para asegurar el sistema a largo plazo.
"Eso sólo agravaría las ya menguadas oportunidades de acceso al trabajo para la juventud", advertía Salvador Roig, responsable de comunicación de CC OO en l´Alacantí-Les Marines. La medida "perjudicaría al colectivo de jóvenes, dado que se verían abocados a un mayor atraso en su incorporación al mercado laboral", subraya, Yaissel Sánchez, secretaria de Acción Sindical y Empleo de UGT en l´Alacantí.
Roig, además, ponía el acento en que "la tardía incorporación de gente joven al mundo del trabajo, limita sensiblemente sus años de cotización a la Seguridad Social", por lo que "éstos van a estar vetados al principio y penalizados al final de la su vida laboral", manifestaba Roig a modo de resumen sobre cuál sería impacto que la reforma de las pensiones tendría sobre el grueso de la mano de obra del futuro.
Este colectivo no sólo sufre con más intensidad los problemas del paro, sino que, además, en los primeros años de su vida laboral soportan los mayores niveles de precariedad e inestabilidad laboral. Los menores de 29 años también han sufrido en uno de los peores años de la crisis los efectos del descenso de la contratación. En enero de 2010, los empresarios provinciales emplearon a 9.530 trabajadores de hasta 30 años, que representan 1.273 menos que un año antes. Y el mayor problema con que se encuentran los afortunados que en el actual contexto recesivo pueden incorporarse a un puesto de trabajo es que éste tiene carácter temporal. Según los datos de UGT, el contrato más utilizado en el último año ha sido el de eventual por circunstancias de la producción. Por esta vía han encontrado un empleo 4.565 jóvenes alicantinos, una cifra que supone el 47,9% del total de los nuevos contratados menores de 29 años.
Nuevo modelo
UGT plantea reorientar la formación de los jóvenes, "permitiendo ajustar su cualificación a las necesidades del nuevo modelo de crecimiento" y estableciendo una línea de incentivos para su contratación, con un programa que concentre las estímulos económicos de todas las administraciones para que los jóvenes "que han perdido su empleo o que no lo tienen, puedan conseguirlo o mejorar su cualificación", incidía Yaissel Sánchez. CC OO, por su parte, reclamaba el incremento del SMI y acabar con "el fraude de la contratación temporal no justificada" según Salvador Roig.
