La reforma laboral pide paso en Alicante

R. CARRIZOSA El Ejecutivo y los agentes sociales abrieron el pasado viernes una etapa de negociación de las medidas que el Gobierno ha puesto sobre la mesa para permitir salir de la crisis a la economía española, la única del G-20 que aún se mantiene en recesión.
Tras una convulsa semana por las propuestas de Trabajo sobre la reforma de las pensiones, la reunión del pasado viernes entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los representantes de la patronal y los sindicatos inauguró una nueva fase en la que -según admiten las partes- urge alcanzar acuerdos.
Desvinculada la reforma laboral de la del sistema de pensiones -cuyo debate se circunscribe al Pacto de Toledo y contra la que las centrales sindicales mantienen sus movilizaciones-, el Gobierno ha presentado su documento con ocho propuestas claves para introducir cambios en el mercado de trabajo con la pretensión de impulsar la creación de empleo y reducir la sangría del paro, una situación que en la provincia sufren ya casi 200.000 trabajadores y en la Comunidad, más de 490.000 personas, a cifras de enero de este año.
La apuesta por la contratación a tiempo parcial, el fomento de la de carácter indefinido, la reducción de la jornada laboral para evitar ir al paro o la penalización de la temporalidad son algunas de las medidas que centrarán el debate tripartito y que en la provincia de Alicante podrían incidir directamente en la dinamización de un mercado laboral, marcado tradicionalmente por altos índices de eventualidad.
Más del 89% de los 394.121 contratos realizados el pasado año por los empresarios alicantinos fueron temporales, mientras que sólo el 10,8% tuvo un carácter indefinido, dos puntos por debajo del nivel registrado un año antes. La intención del Ejecutivo de reforzar las bonificaciones por la creación de empleo estable podría invertir, asimismo, la tendencia negativa que se venía registrando en los últimos años.
Según los datos del Ministerio de Trabajo, los contratos indefinidos acogidos a medidas de fomento de la contratación en la provincia han bajado de los más de 51.600 de 2006 a los 10.577 del último ejercicio. Muchos empresarios han dejado de recurrir a estas bonificaciones porque las serias dificultades económicas que atravesaban les impedían no sólo mantener sus plantillas, sino generar nuevos puestos de trabajo.
Tampoco los industriales utilizaron -como durante la época de bonanza- el modelo de contratación a tiempo parcial, otra de las medidas que ahora pretende intensificar el Gobierno. El agravamiento de la caída de la demanda y las consecuencias de las restricciones crediticias han provocado un drástico descenso de la actividad, situación que también se ha traducido en una reducción de más del 25% del empleo indefinido a tiempo parcial en la provincia, con sólo 11.219 trabajadores contratados en esta modalidad en 2009, frente a los 15.127 de doce meses antes. Otra de las iniciativas encaminadas a incentivar el empleo estable se centra en la extensión del uso del contrato con despido de 33 días -en vez de 45 días- una figura que se creó en 1997, pero que el presidente no concretó cómo se aplicaría.
Las propuestas que ya están sobre la mesa de debate de los agentes sociales combinan la dinamización del empleo con la reducción de las listas del desempleo. El imparable aumento del paro es el elemento que diferencia la crisis económica española de la del resto de potencias europeas. Más de cuatro millones de desocupados es un pesado lastre para salir de la recesión. Y en el contexto estatal, la provincia destaca por tener una tasa de paro del 23,84%, cinco puntos por encima de la media.
Dentro de esta elevada tasa se encontrarían los más de 10.700 trabajadores alicantinos que hasta noviembre del pasado año fueron expulsados del mercado laboral definitiva o temporalmente porque sus empresas presentaron Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Hasta noviembre de 2008, la cifra de afectados alcanzó los 3.385.
La aplicación de la reducción de jornada por la vía del "modelo alemán", probablemente, habría podido reducir en los momentos más adversos de la crisis el número de compañías que por sus dificultades económicas recurrieron a un expediente, así como el número de despedidos. Desde los sindicatos se ha acogido bien esta medida, implantada ya en otros países, y que permite al empleado combinar una jornada reducida con la percepción de una prestación, lo que rebajaría el número de desempleados y aliviaría los costes de las empresas en un contexto de crisis.
También las centrales sindicales han puesto el acento en el fomento de la contratación a los jóvenes y a las mujeres, dos de los colectivos más castigados en la actual recesión. En la provincia, los puestos de trabajo más eventuales parecen destinados a los jóvenes. En 2009 el 49% del total de los contratos realizados a trabajadores de menos de 29 estaban marcados por la temporalidad.
El sindicato UGT insistió ayer en que la apertura de la negociación de la reforma laboral "es un buen punto de partida, aunque no hay que ir con prisas" y considera prioritarias las medidas para mejorar el empleo juvenil y femenino. En este sentido, advirtió de que el paro entre los trabajadores alicantinos menores de 29 años afecta a más del 24%, "un porcentaje muy alto que hay que corregir", indicó Óscar Llopis, secretario general de UGT en l´Alacantí.