El Gobierno nos ajusta las cuentas

R. CARRIZOSA Después de un "annus horribilis" y de unos comienzos del actual en que no se vislumbran -a corto plazo- síntomas de recuperación económica, el Gobierno ha estrenado 2010 con varias medidas de ajuste que han caído como una losa en las expectativas laborales y económicas de una población que padece desde hace dos años una de las peores crisis que se recuerdan. En Alicante, además, coincide con uno de los periodos de mayor nivel de desempleo. La tasa de paro roza el 24% de la población activa, cino puntos por encima de la media estatal.
A finales de esta semana se ha conocido la pretensión del Ejecutivo de alargar la vida laboral y de poner en marcha un plan de austeridad para recortar en 50.000 millones el gasto público, que afectará a las inversiones en infraestructuras y reducirá un 10% la oferta de empleo en la Administración. Pero, también, muchos contribuyentes españoles y alicantinos han visto en estos días "adelgazar" sus nóminas una media de 35 euros como consecuencia de la supresión de la deducción de 400 euros, que el Gobierno implantó al inicio de la recesión y que ahora retira. Esta modificación fiscal afecta también a uno de los colectivos más sensibles de la población como es el de los pensionistas. En la provincia, más de 60.800 jubilados dejarán de beneficiarse de esta bonificación.
La caída de los ingresos, el importante gasto en protección social por la crisis y el mantenimiento de las pensiones futuras son los argumentos del Gobierno para sus planes de ajuste. Entre ellos, el más polémico lo aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes, aunque se avanzó el jueves. El Ejecutivo dio luz verde al retraso de la edad de jubilación desde los 65 años actuales hasta los 67. Los sindicatos ya han rechazado que se alargue la vida laboral y los partidos políticos han expresado su oposición a la profunda reforma del sistema de pensiones que pretende el Gobierno. Todos ellos, además, advierten de que el documento tiene que pasar el trámite parlamentario y discutirse en el Pacto de Toledo.
Pero ello no evita que desde el jueves la preocupación se haya instalado en los mercados de la provincia, autobuses, cafés y reuniones familiares, donde la propuesta del Gobierno es el principal tema de conversación. La mayoría de trabajadores hace ya cálculos sobre a quién afectaría. La propuesta del Ejecutivo prevé un retraso progresivo de la edad laboral desde 2013 hasta 2025, año en que la medida quedaría implantada definitivamente.
El retiro gradual para la actual población activa se aplicaría a los nacidos a partir de 1948, pero la generación del 59 será la primera que tendría que cumplir con los dos años "extra" de vida laboral. De ponerse en marcha, finalmente, en la provincia podrían verse afectadas más de cien mil personas. Según datos facilitados por UGT, de acuerdo con datos de la EPA, la población activa mayor de 55 años supera en Alicante las 110.000 personas. Este sindicato, además, no sólo rechaza la medida, sino que considera que no servirá para garantizar las pensiones futuras y CC OO cree que es una "temeridad" anunciarla cuando el paro registra uno de sus mayores índices. Pero el argumento esgrimido por el Gobierno es la garantía del sistema de pensiones a medio y largo plazo. La reforma del sistema también contempla ampliar el periodo de cálculo para percibir la prestación más allá de los 15 años actuales y poner coto a las prejubilaciones, aumentando la edad mínima legal desde los 52 años actuales a los 58 años, aunque la aplicación también sería gradual.
El progresivo envejecimiento de la población, los altos niveles de desempleo y un acusado descenso de las cuotas sociales son algunos de los principales factores que han motivado el ajuste. Aunque la razón más perentoria se encuentra en la necesidad de corregir el elevado déficit que, como consecuencia de la crisis, se ha disparado al 11,4% del Producto Interior Bruto (PIB).
El imperativo europeo de no superar el 3% sólo se ha prorrogado hasta 2013 y España -en pleno semestre de la presidencia de la Unión Europea- quiere convencer a sus socios de que los vaticinios de los gurús económicos sobre las serias dificultades de la economía española para salir de la crisis se van a quedar sólo en pronósticos.
Pero en la cotidianeidad de la población, las cuentas son otras. Los presupuestos familiares se han visto recortados por la crisis y miles de familias a duras penas pueden afrontar las cuotas de las hipotecas porque el paro se ha instalado en sus casas. En Alicante hay más de 66.800 hogares con todos sus miembros sin trabajo y 34.600 sin perceptores de ingresos. La provincia, además, cerró 2009 con un registro histórico 228.100 trabajadores en paro y en España superó por primera vez la cota de los 4,3 millones. Las esperas en las largas colas que se forman ante las oficinas de los servicios de empleo es una rutina para los que cada día pierden su puesto de trabajo.
De la otra parte, para los que tienen nómina y declaran al fisco el recorte se sustancia en la supresión de la deducción de los 400 euros, que se mantiene -aunque de forma gradual- para contribuyentes con bases imponibles inferiores a 12.000 euros anuales. No obstante, en muchos de estos casos no se podrán utilizar estas deducciones "realmente", según el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha.
La asociación calcula que sólo 60.00 alicantinos disfrutarán en 2010 de la bonificación. Las razón del escaso número de beneficiados se encuentra en el bajo nivel de ingresos y el mínimo personal por cargas familiares o por padeder una discapacidad, situaciones que se repiten entre los colectivos de jubilados y "mileuristas". Gestha estima que la eliminación de la deducción entre los que ganan más de 12.000 euros "afectará a 389.994 declarantes alicantinos".