Hace unos días, las declaraciones del ministro de Trabajo e inmigración, Celestino Corbacho, cifrando en un 20% del PIB el peso de la economía sumergida en España, levantó toda una serie de reacciones en cadena. Las primeras vinieron de parte del Ministerio de Economía y Hacienda, declarando la ministra Elena Salgado que "dichos datos no tienen base científica" y el secretario de Estado de Economía José Manuel Campa añadía que "es osado ponerle un número a la economía sumergida". A partir de ahí, son muchas las opiniones que se han vertido tanto sobre la oportunidad de dar en estos momentos esos datos por parte de un Ministro, como saber exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de economía sumergida.
A mi parecer, la reacción del Ministerio de Economía tiene cierta lógica. Hemos de tener en cuenta que una gran cantidad de decisiones que realiza el Estado se basan en los datos del PIB. Reconocer oficialmente por parte de un responsable público una determinada cantidad de desviación de los mismos se traduce en generar incertidumbre sobre lo acertado de las decisiones que se toman a través de la política económica que alcanza tanto a la contribución española a la Unión Europea o, en el ámbito autonómico, a la determinación de las transferencias a las distintas Comunidades Autónomas, entre otras repercusiones.
Pero una cosa es no reconocer oficialmente el dato y otra bien distinta es suponer que este no se puede conocer de una forma aproximada. La economía sumergida, oculta, irregular o descrita también con otros nombres, es bien conocida en todos los países. En esta definición se incluyen aspectos relacionados con el fraude fiscal y contable; con el trabajo irregular; con las actividades que no se pueden legalizar (droga, trata de blancas); con el blanqueo de capitales. En definitiva, todo lo que no debería hacerse en el marco legal de un país.
Tanto los Gobiernos como los expertos siempre han mostrado su interés por conocer el alcance de estos datos: los expertos para conocer con una mayor exactitud el alcance de los datos y su repercusión en las distintas variables económicas (tengamos en cuenta que las relaciones económicas o las previsiones carecen de consistencia al no contabilizar estos datos); los Gobiernos porque muchas de las acciones que emprenden precisan de información lo más exacta posible. Además, como se ponía de manifiesto en las declaraciones del Ministro de Trabajo e Inmigración, determinar las bolsas de fraude permite regularizar muchos contratos de trabajo o, en el caso de la Agencia Tributaria, mejorar la recaudación a través de la Inspección.
Como se ve, cada agente económico trata de tener su propia agenda respecto a la economía sumergida. En unos momentos en los que se buscan fórmulas imaginativas para combatir la crisis económica, también las empresas y los ciudadanos tratan de tener la suya. El aumento del paro y las dificultades para los autónomos y las empresas ante la caída del consumo está haciendo que se incremente este recurso a "sumergirse" y tratar de transferir por esta vía al sector público los costes de la crisis por lo que, con independencia del cálculo más o menos preciso del volumen total de economía sumergida, las Administraciones Públicas tienen la responsabilidad de hacer frente a este problema, ante la injusticia que la misma origina entre ciudadanos que cumplen y los que no.
Muchas veces se ha dicho que la economía sumergida estaba relacionada con la "cultura" sobre el comportamiento de los agentes económicos (¿quién no conoce la frase: "con IVA o sin IVA"?). Ya que saber oficialmente con precisión los datos de la economía sumergida no parece que sea una prioridad, si que debe ser tarea de todo Gobierno el combatir la "cultura del fraude" en todo momento y, especialmente, en este periodo de crisis.
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