J. N. CARRETERO
El modelo de vivienda basado en las comunidades de vecinos ha sido sometido a una encuesta de alcance nacional por parte de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), mediante la cual se estudiaron más de 1.400 respuestas obtenidas de otros tantos residentes en comunidades de propietarios de las veinte ciudades más pobladas en España, y que se llevaron a cabo durante los meses de marzo y abril del pasado año.
Entre las principales conclusiones extraídas del informe publicado este mismo mes, se han obtenido datos referentes al grado de satisfacción de los inquilinos en estas colectividades, se han analizado las instalaciones de las que dispone cada conjunto de vecinos, las tareas de colaboración para la erradicación de las barreras arquitectónicas existentes en los inmuebles, las reformas u obras acometidas en la comunidad, o la aceptación o no de los gastos comunitarios, entre otros temas.
En España, cerca de un 95% de los habitantes viven en comunidades de vecinos, es decir, en edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal. De los resultados obtenidos en este estudio se concluye que casi el 100% de los encuestados está satisfecho con su vivienda (a la que califican con una nota media de 7,8 sobre 10) y el 84% lo está con su comunidad de propietarios (que sacan una nota media de 6,4). Entre los problemas principales que salen a la luz, conviene decir que ninguno de ellos adquiere el calificativo de grave, pero sí que existen. Entre ellos destaca que el 50% de los propietarios denuncian la reclamación de deudas por morosidad; otro 33% dirige sus exigencias hacia los administradores, o un 25% que ha tenido problemas y enfrentamientos con los proveedores.
Juntas
A la vista de todos estos problemas cotidianos, el mayor número de quejas proviene a la hora de alcanzar acuerdos comunes, a lo que se suma la escasa participación en las juntas (cifrada en un 28%), las conductas individualistas de muchos vecinos (25%) y las dificultades para alcanzar mayorías (19%). En lo referente a los gastos derivados de la comunidad, un 27% de los participantes en este estudio confiesa tener la impresión de correr con gastos comunitarios excesivos y un 20% halla conflictivas las discusiones sobre la distribución de los gastos.
En este sentido, este malestar ante las derramas crece cuando los edificios superan los diez años de antigüedad o cuando se acometen obras de reforma o de adaptación arquitectónica. La cuota media en las comunidades oscila entre 104 y 169 euros, dependiendo de si se incluye en la misma el pago de servicios y suministros comunitarios.
Otro de los aspectos que capitalizó este estudio realizado a lo largo de la geografía española giró en torno a la figura de los administradores de fincas, y sobre la conveniencia o no de disponer de un profesional cualificado o de poner al mando de las gestiones comunitarias a algún vecino. En función de la legislación vigente, las comunidades que estén compuestas por más de cuatro vecinos están obligadas a contar con un administrador, independientemente de que el cargo lo ejerza cualquiera de los propietarios o un profesional específico. En cualquiera de los casos, la ley le exige estar "debidamente cualificado y legalmente reconocido para ejerce". En esta definición imprecisa no se limitan estas funciones a los administradores de fincas colegiados, sino que también se amplía el margen a otros profesionales como abogados o economistas. De cualquier manera, desde su puesto debe velar por la buena marcha de los asuntos comunitarios.
