En muchas ocasiones se suele utilizar como una medida del poder de los gobiernos, su capacidad para hacer leyes o desarrollar las mismas a través, en nuestro caso, de su inserción en el Boletín Oficial del Estado (en este marco cabe también aquella alusión un tanto cínica de que "haga el Parlamento las leyes que yo haré después los reglamentos"). No cabe duda de que estos actos tienen la fuerza de poder cambiar los marcos jurídicos en los que se desenvuelve la actuación tanto de los poderes públicos como de la vida cotidiana de las personas y las empresas de un país.
Muchas de estas actuaciones tienen una fuerza innegable ya que, mediante las mismas, de un día para otro, se crean derechos efectivos que pueden ser reclamados ante o por los poderes públicos y entre los particulares, cambiando de esta forma el marco en el que se desenvuelven las relaciones económicas y sociales. Son muchos los ejemplos que se pueden dar sobre los efectos inmediatos de las aplicaciones de las leyes y normas, como ahora podemos comprobar a través de las nuevas ayudas para las personas en paro sin cobertura por desempleo o las relativas a las normas fiscales a aplicar en el año 2010.
Sin embargo, el funcionamiento de las sociedades dista mucho de responder en su totalidad a lo que prescriben las normas y su espíritu. Los individuos y las empresas no solo tienen en cuenta lo que dicen las normas, sino que los mismos tienen también en cuenta muchos más elementos a la hora de utilizar o no lo que prescriben dichas normas, en función de los intereses o previsiones de los mismos sobre lo que le puede interesar o no en cada momento o sobre la credibilidad que los mismos atribuyen a los efectos de esas normas.
Siempre me ha parecido que, antes de la introducción de una nueva norma, se debería ser muy cuidadoso para saber hasta qué punto ésta es necesaria o tiene un efecto aceptable o, por el contrario, solamente es una declaración de buenas intenciones si, además, no va acompañada de una cierta acción política que la haga creíble y aplicable por sus destinatarios.
Un ejemplo de este caso lo podemos ver en la Ley 9/2009 de creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (por no hablar del Decreto-Ley 1/2010 de la Generalitat sobre el Cabanyal de Valencia). Nos hallamos ante una ley que está encontrando numerosos impedimentos en su aplicación debido a que sus posibles "beneficiarios" consideran que impone decisiones que ninguna de las instituciones financieras a las que va dirigida quiere aceptar y no se ha explicado bien como la aplicación de dicha ley va a mejorar la disposición de mayor financiación a la economía, que es un problema central en la actualidad.
En estos momentos de crisis económica, es cierto que los gobiernos están tratando de utilizar todas las actuaciones posibles para modificar y eliminar los obstáculos que ellos consideran que dificultan la recuperación, pero posiblemente estos no son solamente de carácter legal. En muchas ocasiones, el marco de discusión política en el que se desarrollan precisa más de acciones creíbles que de más leyes y normas, sobre todo cuando la inflación de estas hace muy costoso a los ciudadanos saber a ciencia cierta, cuáles son los caminos que efectivamente pueden sacarnos de la crisis.
