No cabe ninguna duda de que el mayor problema por el que atraviesa la economía española en estos momentos es el relativo al paro. Los altos niveles de desempleo ligados tanto al sector de la construcción como al resto de sectores que el mismo ha arrastrado, unidos a la coyuntura internacional y al retraimiento del consumo en España, han provocado que las principales medidas puestas en marcha por el Gobierno de la nación estén siendo dirigidas a combatir el mismo, al menos para enfrentar estos problemas a corto plazo.
Unas de las principales acciones puestas en marcha han sido, durante el año 2009 con 8.000 millones de Euros el denominado Plan E o Fondo de Inversión Local que en el año 2010 llevará el nombre de Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local dotado con 5.000 millones de Euros.
Ambos Fondos están pensados lógicamente como una inversión adicional a la actividad ordinaria de inversión que llevan a cabo los Ayuntamientos españoles, considerándose por ello que el efecto multiplicador de los mismos será en su totalidad repercutido en las economías locales. La normativa de estos Fondos es clara al indicar que los mismos no deben estar previstos en los Presupuestos de los Ayuntamientos de 2009 y 2010 ¿Pero ello es ciertamente así?
Aparte de otros problemas que conlleva la ejecución de estos recursos por parte de los Ayuntamientos, lo que no cabe ninguna duda es que los propios Ayuntamientos no han visto de esta forma este esfuerzo extraordinario del Estado. El pasado día 3 de octubre, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante proponía "eliminar la inversión municipal, al caer el Presupuesto un 10%", planteando ejecutar "sólo las obras financiadas por otras Administraciones".
En el cuadro adjunto se han recogido tanto las cantidades presupuestadas para inversiones por los mayores Ayuntamientos de la provincia de Alicante así como el total de lo que representan las aportación de los dos Fondos estatales. Lo que se deduce de las mismas, aparte del extraordinario esfuerzo de la aportación estatal, es que si los Ayuntamientos dejan de realizar sus inversiones ordinarias, el impacto adicional de las aportaciones del Estado será muy inferior al previsto realmente, debido a que el crecimiento de las mismas será en parte disminuido por el descenso del esfuerzo inversor municipal.
Si bien es cierto que las haciendas municipales no pasan por su mejor momento debido a sus menores ingresos, este efecto compensatorio negativo debería de ser tenido en cuenta a la hora de evaluar el impacto sobre el empleo que van a tener los Fondos Estatales en el territorio nacional, o bien, exigiendo a los Ayuntamientos un mayor compromiso en la lucha contra el desempleo.