P. GUZMÁN
La avalancha de destrucción de empleo, que en el mes de agosto se escenificó en la provincia con más de 5.200 nuevos parados, está poniendo sobre la mesa un sinfín de realidades y dramas sociales: hogares con todos sus miembros en paro, agotamiento de las prestaciones, familias desahuciadas... Y en un contexto en el que abandonar el desempleo parece más complicado que nunca, lo cierto es que para muchos este panorama es mucho más negro. Son desempleados integrados en colectivos cuya inserción laboral tradicionalmente ya resultaba especialmente complicada y que la coyuntura de crisis ha agravado considerablemente. Es el caso de los desempleados sin empleo anterior, un colectivo que integran tanto aquellos que buscan su primer empleo como los que sólo han trabajado en la economía sumergida y que, en un incesante aumento, se ha duplicado en los dos últimos años, hasta englobar al cierre de agosto a cerca de 11.500 personas en la provincia de Alicante.
Desempleados que se eternizan más que nunca en las listas del Inem, que no tienen derecho al cobro de prestaciones y que, por tanto, quedan fuera de las medidas de protección social que de momento ha arbitrado el Gobierno, como la de los tan traídos y llevados 420 euros.
El significativo aumento que, sin tregua, mes a mes registra este colectivo se enmarca mayoritariamente, según destaca CC OO, en la complicada situación económica que viven cada vez más familias, que se han quedado sin su única fuente de ingresos al perder su empleo el cabeza de familia, obligando a otros miembros de la familia que no trabajaban, fundamentalmente mujeres, a intentar insertarse, a la desesperada, por primera vez en el mercado laboral. Éste es el caso de Maite, ama de casa y madre de dos hijos de 8 y 14 años de edad, que a sus 39 años intenta insertarse en el mercado laboral tras haberse quedado su marido, que trabajaba en el sector inmobiliario, en el paro. «Siempre me he dedicado a mi familia, pero ahora dependemos de la prestación de mi marido, que se agotará en ocho meses. Sé que es difícil, más tal y como está la cosa, pero estoy dispuesta a trabajar en lo que sea», afirma.
A casos como el de Maite se suman los de aquellos jóvenes que intentan acceder a su primer empleo, coincidiendo con la adversa coyuntura, y los de trabajadores abocados a la economía sumergida. En definitiva, un colectivo que tiene especialmente complicada la inserción en el mercado laboral, que no cesa de crecer mes a mes y cuya situación lo convierte en un importante caldo de cultivo para la economía irregular, según alerta Salvador Roig, responsable de Comunicación de CC OO l´Alacantí.
La única ayuda económica a la que pueden optar todas estas personas –11.462 alicantinos– es la renta mínima garantizada, una ayuda de entre 300 y 600 euros cuya tramitación depende de la Generalitat. En este sentido, el dirigente sindical insta al Consell a agilizar los trámites, que actualmente tardan una media de ocho meses. Así, considera lamentable la actitud de la Administración autonómica a la hora de «anunciar a bombo y platillo que ha aumentado la consignación presupuestaria para estas ayudas, cuando luego las peticiones tardan tantos meses en tramitarse, con un retraso que en absoluto se corresponde con la situación de urgencia de tantas familias».
Trabajo tramita en Alicante cerca de mil peticiones para cobrar los 420 euros
El acuerdo parlamentario para extender la nueva ayuda de los 420 euros a más parados beneficiará a 27.400 trabajadores que se encuentran sin empleo en la provincia y que han visto agotada la prestación de desempleo desde enero de este año. La ayuda empezó a cobrarse esta semana y por el momento ha llegado ya a setenta beneficiarios en la provincia, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno de Alicante. Hasta la fecha, se han recibido 906 solicitudes en la provincia, de las cuales se han resuelto favorablemente un total de 237, que empezarán a cobrar la ayuda estos días. La Subdelegación prevé que las 669 solicitudes pendientes salgan adelante en los próximos días y que las solicitudes vayan aumentando a lo largo de este mes.
CC OO valora positivamente la agilidad con la que se está tramitando una ayuda que, si bien, es «meramente de superviciencia», al menos «es más que nada y ya está llegando a los beneficiarios», destaca Roig.
No obstante, el sindicato considera que la ayuda debería consolidarse como una renta activa y prolongarse más allá de los seis meses previstos hasta que empiece a paliarse la situación de crisis y se aprecie una disminución «notable» en el número de desempleados.