Una ayuda que trae cola

R. CARRIZOSA La norma sobre la ayuda extraordinaria del paro de 420 euros mensuales para los que hayan agotado su prestación a partir del 1 de agosto, apenas llevaba unos días de aplicación –esta misma semana– cuando el Gobierno anunció al tercero su revisión para ampliar el número de beneficiarios ante la avalancha de críticas y protestas que ha generado. El decreto, no obstante, sigue en vigor y los que cumplen los requisitos pueden seguir solicitando el nuevo subsidio.
Pocas medidas como ésta han tenido una tramitación tan rápida y han desatado tantas reacciones, pese a ser agosto, el mes vacacional por excelencia. Un problema tan sensible como las consecuencias que acarrea a las personas que sufren una prolongada situación de desempleo, en plena crisis, señalaría el epicentro de la polémica generada.
Los elevados niveles de desempleo –con una tasa de17,9% a nivel nacional y del 21,7% en Alicante– es el indicador que más marca la diferencia de España con otros europeos en el actual contexto globalizado de recesión. Tanto que algunos analistas ya han etiquetado la situación del país como la «crisis a la española». En Alicante, además, las cifras se disparan y sitúan a la provincia en el ránking estatal entre las de mayor índice de paro. Pese a varios meses de descensos por la campaña estival y los planes de estímulo, todavía hay registrados más de 172.000 alicantinos sin empleo.
Para rebajar la negativa incidencia que tendría la abultada cifra de paro en el inicio de la recuperación y para mantener el nivel de protección social, esta misma semana ha entrado en vigor un decreto –aprobado apenas cuatro días antes por el Gobierno– que establece un nuevo subsidio de 420 euros mensuales para los parados que hayan agotado la prestación a 1 de agosto. Esta «fecha de corte» ha sido, precisamente, la diana de las iras de los que se han visto excluidos por haber dejado de cobrar la ayuda con anterioridad. Los sindicatos han acusado al Ejecutivo de improvisación y criticado la falta de información previa sobre los requisitos. Todos estos factores no han hecho sino aumentar las colas ante los servicios públicos de empleo y desatar todo un aluvión de protestas por el colapso de las oficinas, por el caos reinante en el primer día de implantación de la norma ante la falta de información que sufrían los propios funcionarios, así como por la carencia de los formularios.
Modelos fotocopiados de los impresos, sacados de los ordenadores han sido el recurso más recurrente de los empleados públicos para ofrecer a los demandantes hasta que llegaran los originales. Tanta polémica y protesta abocó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a anunciar el pasado miércoles que revisaría la norma, con los sindicatos. Y un día después, el ministro de Fomento, José Blanco, planteaba una subida de impuestos para las rentas altas para garantizar las políticas sociales y la inversión pública.