Trasvase Júcar-Vinalopó. Acuerdos necesarios

Martín Sevilla (Catedrático de Economía de la UA)

El trasvase Júcar-Vinalopó va a ser una de las más importantes obras acometidas en materia de infraestructuras hidráulicas llevadas a cabo por el Estado español en beneficio de la agricultura y la sostenibilidad de los acuíferos de la provincia de Alicante. Lamentablemente, su realización y puesta en marcha no ha estado exenta de discusiones acerca del acierto del lugar de la toma del agua en el río Júcar o los posibles usuarios, ni va a ser fácil la aplicación y distribución de sus aguas a las zonas favorecidas por el mismo.
A estos efectos, el pasado mes de junio, la Confederación Hidrográfica del Júcar presentaba a los representantes de la Comisión Europea un informe sobre las condiciones del artículo 2 de la Decisión C(2006) 6739, por la que se aprobaban las subvenciones de la UE a la construcción del mismo. El informe es un extenso texto de 225 páginas donde se recogen las distintas variables que inciden en las condiciones de la cuenca cedente (situación del río Júcar en la Mancha Oriental, regadíos de la cuenca del Júcar, situación de la Albufera o calidad de las aguas en la zona de la desembocadura del río), como en la zona receptora (situación de las actuaciones en el Vinalopó y la costa de Alicante).
Con independencia de la amplia información recogida en el informe (especialmente la relacionada con la situación del río Júcar, que muchas veces se olvida en Alicante), dos aspectos han sido destacados en los medios de comunicación sobre su contenido: la incorporación de la desaladora de Mutxamel al sistema y los efectos que la misma va a tener sobre los precios del agua como resultado del Trasvase. Si bien sobre la desaladora sí que el informe hace mención al papel que la misma debe desempeñar en la sustitución de las extracciones de agua para el abastecimiento de la costa, es cierto que sobre el sistema de precios y tarifas del agua resultantes del cierre de pozos y su sustitución por las aguas trasvasadas nada dice.
Y posiblemente en este aspecto, qué precios y qué compensaciones económicas se van a dar, está la clave no solo de las discusiones actuales sino de la resolución final del funcionamiento de todo el sistema.
Durante los años 2001 y 2002 se llevó a cabo un proceso de discusión y acuerdo entre los usuarios y los responsables del Ministerio de Medio Ambiente sobre los compromisos que unos y otros debían de tener sobre los recursos y los precios del agua que se quebró con el cambio de criterio en la toma del agua desde Cortes de Pallás al actual del Azud de la Marquesa. La aplicación de una nueva política de aguas ha originado un desencuentro entre los representantes y el Ministerio que ha persistido durante estos años y que se hace necesario y urgente resolver para el momento que lleguen las aguas a Villena. Y la resolución del desencuentro no es de carácter técnico, o sobre el volumen total de las transferencias, sino fundamentalmente económica.
El acuerdo de 2001 planteaba un sistema de tarifas que permitían aplicar precios menores al agua destinada a la agricultura, según la ubicación de la misma, que al agua destinada al abastecimiento, posibilitando de esta forma, a través de subvenciones cruzadas, atender los costes totales de las transferencias de agua del trasvase. La salida del sistema del Consorcio de la Marina Baja y la costa alicantina con el nuevo trasvase no permite esta compensación por lo que, con toda lógica, los agricultores creen que el precio aplicado a las aguas del nuevo trasvase serán inasumibles por los mismos. La cuestión no es ahora que llegue el agua, ni siquiera su cantidad, que queda garantizada en el informe (eso sí, con la calidad mínima exigible), sino cual será el precio final. Y el Ministerio debería de ser consciente de ello. Dentro de las limitaciones que impone la nueva política europea de aguas sobre recuperación de los costes, el acuerdo final debería fijar unos precios finales no muy por encima de los costes de extracción actual de las aguas de los acuíferos que permitiera distribuir los costes medioambientales del agotamiento de los acuíferos entre los usuarios del Vinalopó y la propia Administración. En temas de agua no son fáciles los acuerdos. Pero si se pudo en 2001, ¿cómo no va a ser posible ahora?