Cuando parecía que los responsables del Real Murcia ya no podían seguir engordando el disparate en el que está sumida la entidad desde mediados de marzo, el consejo de administración logró superarse. Ayer volvió a ocurrir con motivo de una junta de accionistas de la que Víctor Manuel Gálvez salió como presidente de la entidad.
El oriolano, que en los próximos días dará una rueda de prensa para explicar su proyecto, tomó el control de un consejo en el que se ha rodeado de gente de su confianza. Su hijo Víctor Gálvez, Carlos Ruiz Quinto, Eduardo Tomás López y Francisco Roberto Cases son los nuevos consejeros de un órgano en el que no hay ninguna representación murciana, pese a la insistencia de Gálvez Brothers de que su proyecto está respaldado por empresas de la Región, y en el que se produjo la dimisión de Miguel Martínez, Deseado Flores y Raúl Moro, así como el cese de Gabriel Torregrosa y Juan Merino.
Ese fue el final de una junta de accionistas que comenzó a las doce de la mañana y que se alargó hasta pasadas las cinco de la tarde. La confección del nuevo consejo fue solo una anécdota dentro de lo que fue calificado por los presentes como un esperpento. De hecho, algunos accionistas como Pablo Baeza, representante de la Asociación de Accionistas Minoritarios, e Higinio Pérez abandonaron la sala antes de lo previsto al considerar que lo que se estaba produciendo no podía ser legal.
El primer encontronazo llegó a la hora de acreditar quién era el máximo accionista. El consejo no aceptó la presencia de Mauricio García de la Vega al indicar que no había recibido la notificación del Consejo Superior de Deportes que le acredita como dueño del club. En cambio si aceptó que estuviera presente Víctor Gálvez, que, como reprochaban algunos accionistas críticos con los movimientos del consejo, tampoco tenía ningún documento que le acredite como el propietario de las acciones de Raúl Moro. Finalmente fue la empresa del extremeño la encargada de votar como máxima accionista, aunque el cacereño no dio la cara y no se presentó en Nueva Condomina. El expresidente, que solo se expresa en Twitter y que siguió el modus operandi que ya llevó a cabo en otras empresas que envió directamente a la liquidación, se desmarcó de una cita clave para el club y en la que se debía aprobar su gestión, sin embargo entregó un poder a Víctor Gálvez para que votase en su nombre.
Pese a que ese voto delegado no estaba aprobado por el CSD, un paso básico según fuentes de esta redacción, Miguel Martínez y Deseado Flores, en otro gesto que demuestra su parcialidad en todo este proceso, dieron el visto bueno para que el oriolano llevase la voz cantante en la junta. De hecho, por su voto, no se aprobaron las cuentas del ejercicio 2016-2017 al considerar, tras y como explicó después, que hay cosas extrañas. Este movimiento sorprendió a los presentes, y es que Corporación Augusta rechazaba su propia gestión. «Ha tenido que leer lo que llevaba escrito en un papel», explicaba a este diario uno de los asistentes a la junta al referirse al momento en el que Víctor Gálvez votó en contra de las cuentas. Otra de las medidas que salió adelante fue el lanzamiento de créditos participativos por valor de 600.000 euros.
«Ha sido una junta muy espesa», decía uno de los accionistas presentes, y es que la reunión comenzó con casi tres horas de retraso, y todo por la incapacidad de Deseado Flores, que actuó como secretario, de acreditar la documentación necesaria.
«Nos hacen estar dos horas demostrando que somos accionistas y que tenemos derecho de estar, pero luego ellos no son capaces de decir ni quién es el máximo accionista ni quién es el secretario», explicaba Higinio Pérez que abandonó Nueva Condomina cansado del espectáculo que estaba dando el consejo. Según el abogado, no había ningún documento que indicase que Víctor Gálvez podía sentarse en la mesa principal como vicepresidente. «No ha dado tiempo a inscribirle en el registro mercantil», indicaba, para añadir que Deseado Flores tampoco había acreditado ser el secretario. «Esta junta no puede ser legal», concluía, una opinión que también defendió Pablo Baeza, presidente de los accionistas minoritarios.
El responsable de la AAMRM se negó a quedarse en la sala al considerar que no podía participar en ese esperpento: «Esta junta puede ser impugnada», comentaba, defendiendo también que los puestos de Víctor Gálvez y Deseado Flores en el consejo no estaban definidos.
Para agravar los movimientos de un consejo de administración que ha provocado la mayor crisis institucional de las últimas décadas, Miguel Martínez, que presidía la junta, decidió impedir el acceso a los medios de comunicación, a los que se mantuvo en uno de los pasillos de Nueva Condomina y rodeados por guardias de seguridad. Por primera vez desde que el Real Murcia es Sociedad Anónima Deportiva -1999- y que está obligado a celebrar juntas de accionistas, un consejo de administración prohibe a los periodistas seguir en directo la cita. En otra muestra más del secuestro al que Martínez, con el apoyo de Deseado Flores, tiene sometido al club, fue el presidente el que se empeñó en que la prensa no entrase. Solo se dejó a los gráficos hacer fotos durante tres minutos. Pasado ese tiempo, Miguel Martínez, como los emperadores en el Circo Romano, hacía un gesto con la cabeza al jefe de comunicación del club para que desalojase la sala.
