El director deportivo del Calpe CF, Gabriel Franco, jugaba a ser intermediario de futbolistas, pero en plan chusco. Viajaba sobre todo a Paraguay (tiene la doble nacionalidad española y paraguaya) y allí convencía a los chavales que más despuntaban para que viajaran a España a jugar en el Calpe. Les prometía un brillante futuro de futbolistas, pero luego los chicos se encontraban con una realidad más bien tenebrosa. Cobraban 400 euros, ya que no tenían contratos profesionales, sino de mantenimiento. Es decir, que ni les daba para pagar los gastos. Y tenían que vivir hacinados en pisos. Llegaban a convivir juntos hasta 15 chavales. En una misma habitación dormían en literas cuatro o cinco jóvenes.

El Juzgado de Instrucción 3 de Dénia estimó ayer la petición del fiscal y ordenó prisión provisional eludible con fianza de 6.000 euros para Gabriel Franco por la trama de contratos ilegales a jugadores del Calpe CF, extranjeros en situación irregular en España. El coordinador deportivo del club tiene doble nacionalidad y el magistrado ha valorado el riesgo de fuga por falta de arraigo, así como la posibilidad de que trate de influir en los testigos.

La investigación ha permitido descubrir que los miembros de la organización se referían a los jugadores como «palomos» y sabían sobradamente que carecían de comida en muchas ocasiones y que dormían hacinados en colchones en condiciones higiénicas poco saludables en viviendas gestionadas por el intermediario encarcelado, que les cobraba cantidades que oscilan entre los 400 y 500 euros, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV).

Las pésimas condiciones de vida de los jugadores -paraguayos en su mayoría, pero también algunos procedentes de Brasil y Colombia- se han visto agravadas en las últimas semanas por los atrasos en los pagos de los sueldos pactados con la directiva del Calpe Club de Fútbol.

De acuerdo con el criterio del Ministerio Público, el juez instructor del caso también acordó la libertad de los otros tres detenidos que pasaron ayer a disposición judicial: el presidente del club, el italiano Luciano Marziano, el tesorero y una persona de confianza del primero.

El coordinador deportivo ahora encarcelado ofrecía a los jugadores contratos de trabajo a través de su empresa de intermediario futbolístico, según el TSJCV. Sin embargo, esa empresa no aparece en el Registro Mercantil pese a que, según la Real Federación Española de Fútbol, es requisito indispensable para que un agente futbolístico pueda obtener la oportuna licencia para el desarrollo de sus actividades.

Los futbolistas, víctimas de la organización, venían a España aprovechando su nacionalidad y la correspondiente exención de visado al entrar como turistas. Luego, eran «dados de alta» en el club, que juega en el grupo IV de la Regional Preferente alicantina, para el desarrollo de una actividad laboral, para la que carecían de un requisito imprescindible: la estancia regular en nuestro país.

Con este «modus operandi», el director deportivo se aseguraba supuestamente un porcentaje altísimo de entre el 30 y el 40% del tránsfer si alguno de estos futbolistas fichaba por otro equipo. Quería dar el pelotazo con jugadores que estaban irregulares en España y a los que el club pagaba una miseria.

El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Dénia tomó declaración el sábado a 11 jugadores, que están en España en situación irregular, y que habrían sido víctimas de la red.

Los jugadores fueron arrestados por infracción de la Ley de Extranjería y se les ha abierto, en vía administrativa, un procedimiento de expulsión. El pasado sábado el instructor les tomó declaración en calidad de prueba preconstituida por su posible huida de España, al tener pendiente un expediente de expulsión por su situación irregular. Son cinco paraguayos, tres colombianos y un brasileño.

El juez imputa a los cuatro detenidos delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración clandestina y delito contra los derechos de los trabajadores.