El pleno del Senado aprobará dentro de una semana, el viernes 27 de octubre, las medidas que el Gobierno tiene previsto acordar este sábado para frenar el desafío independentista de Cataluña, y que precisan del apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara Alta, han asegurado hoy a EFE fuentes parlamentarias.
La Mesa del Senado se reunirá mañana, tras la reunión extraordinaria en la que el Consejo de Ministros decidirá estas medidas, y acordará que una comisión conjunta de 27 senadores procedentes de las comisiones General de Comunidades Autónomas y Constitucional sea la encargada de tramitar la propuesta del Gobierno antes de elevarla al pleno para su convalidación.
Mientras, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha advertido hoy de que el artículo 155 "no es una fórmula mágica" y que su aplicación entraña dificultades, por lo que debe desarrollarse "con mucha prudencia y de manera temporal, pero, sobre todo, eficaz" con el fin último de que haya elecciones.
Maíllo ha reiterado en la Ser que, hasta que se celebre el pleno sobre el 155 en el Senado, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, puede rectificar, volver a la legalidad constitucional y convocar elecciones.
"Siempre que no proclame formalmente la independencia y dé marcha atrás a sus pretensiones secesionistas hay margen", ha dicho el dirigente popular.
Pero ha recalcado que mientras tanto el "empecinamiento" de Puigdemont y sus socios independentistas no deja otra opción que aplicar el 155, que es "plenamente constitucional".
Ha incidido en que "ya nadie discute que el Estado está cargado de razones para aplicarlo" y ha valorado en este sentido el consenso con el PSOE y Ciudadanos, mientras que Podemos se ha colocado más cerca del independentismo que de la Constitución, por lo que "hoy por hoy no se puede contar con Pablo Iglesias para defender la legalidad y la constitucionalidad".
Maíllo ha cuestionado la apuesta de Iglesias por un referéndum pactado en Cataluña, porque sería "dinamitar" la Constitución y, por eso, ha dicho, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se puede reunir con él para poner en marcha la respuesta del Estado al desafío catalán. "Para hablar de eso no tiene mucho sentido", ha argumentado el coordinador general del PP.
Aunque no ha querido "aventurar" el contenido de las medidas que se pondrán en marcha en aplicación del precepto constitucional, sí ha señalado que "es complicado que la seguridad ciudadana quede en manos de la Generalitat después de lo que se ha visto".
Preguntado por el llamamiento de las organizaciones civiles independentistas a retirar el dinero de los bancos, se ha limitado a decir que es una "barbaridad" y una "pérdida de tiempo" y que "a veces se pierden los papeles de una manera tremenda" y ha incidido en que "igual es para pagar la deuda de (Artur) Mas" con el Tribunal de Cuentas por los gastos que produjo la consulta independentista del 9 noviembre de 2014.
Mientras, el Gobierno y el PSOE siguen estudiando el alcance que debe tener la aplicación del artículo 155 de la Constitución sobre el Parlamento catalán. Según fuentes del Ejecutivo, se trata de uno de los 'nudos gordianos' de las conversaciones que están manteniendo para concretar la aplicación de este artículo inédito de la Carta Magna, junto con la negociación de la magnitud que tenga la intervención en el Gobierno catalán.
No se trata, según explican, de disolver el Parlamento catalán, algo que se producirá cuando se convoquen las elecciones en Cataluña. De hecho, fuentes populares y socialistas explican que una disolución de la Cámara es algo muy complicado y que podría generar el efecto contrario al que se busca. Incluso hay quien apunta que sería un coste político muy alto para una intervención que se pretende lo más corta posible.
Pero también admiten que si el Parlamento catalán mantuviera las mismas prerrogativas que tiene ahora, la mayoría independentista podría distorsionar la situación y enturbiarla con las iniciativas que presentara y que con toda probabilidad saldrían adelante con los apoyos de Junts pel Sí y la CUP.
Por estas razones, las fuentes consultadas explican que hay cierto consenso en que es necesario precisar hasta dónde puede llegar el papel del Parlamento catalán, dado que la situación jurídica que se generará con la aplicación del 155 será distinta a la actual.
Por ejemplo, desde el Ejecutivo consideran que el Parlamento catalán no puede tener la capacidad de controlar la actividad del poder provisional que sustituya al actual de la Generalitat. Entre otras razones, argumentan, porque la Legitimidad de ese órgano de gobierno provisional --bien sea a través de un ministro coordinador o de técnicos, que son algunas de las posibilidades que se barajan-- no emana del Parlamento catalán, sino que lo hará del Senado.
De hecho, consideran que lo lógico sería que fueran las Cortes, con preeminencia del Senado, las que ejercieran ese control, ya que será la Cámara Alta la que autorice la implementación de las medidas que proponga el Gobierno de Mariano Rajoy.
Las fuentes consultadas señalan, no obstante, que el Parlamento catalán puede seguir teniendo su capacidad de propuesta legislativa, pero siempre dentro del ámbito legal y del marco constitucional.
No obstante, este tema no está exento de controversia ya que son muchas las preguntas que surgen en torno a la limitación de su papel como Cámara legislativa regional. Por ello, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y la exministra de Cultura y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Carmen Calvo, están estudiando meticulosamente todas las variables que puede tener esta cuestión.
En las conversaciones del Gobierno y el PSOE, que se han intensificado en las últimas horas y que previsiblemente seguirán hasta que el Consejo de Ministros de este sábado apruebe las medidas, también se está analizando el alcance que debe tener esta intervención de la autonomía en el Gobierno de la Generalitat.
Es decir, si debe afectar sólo al presidente, Carles Puigdemont, y a algunas consejerías que se consideran clave, como las de Hacienda y de Interior, que ejerce el control de los Mossos d'Esquadra. O si la intervención se debe ampliar a todo el Gobierno por el hecho de que respalda en su conjunto toda la "hoja de ruta" para lograr la independencia y son copartícipes de la desobediencia a los tribunales, sobre todo, a las decisiones del Tribunal Constitucional, que ha suspendido tanto la Ley del Referéndum como la de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República.
Técnicos para las áreas que se intervengan
La decisión de sustituir al presidente de la Generalitat, al vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, y al consejero de Interior, Joaquim Forn, se dan ya casi por descontadas dentro de esa intervención en aplicación del 155. En cuanto al resto se analiza la conveniencia de intervenirlas todas o sólo algunas de ellas.
Y aunque se apunta que los nuevos responsables provisionales de cada área deben ser más bien "técnicos" y conocedores de las distintas materias que les toque abordar, aún no está cerrado si habrá un coordinador de todos ellos.
No obstante, en el día de hoy cobraba fuerza la idea de que pueda nombrarse un ministro para Cataluña, como la figura que coordine la actuación del Gobierno provisional, mientras se mantenga la intervención y se convoquen elecciones autonómicas.
Fuentes del Ejecutivo precisan que la aprobación por parte del Senado de la intervención de la autonomía catalana supondrá que los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- estarán actuando ya en Cataluña para restaurar la legalidad y devolver la autonomía al orden constitucional.
