20 de julio de 2017
20.07.2017

Villar, ante el juez

?El magistrado Pedraz tomará hoy declaración al presidente de la Federación Española de Fútbol y a los otros tres detenidos tras la operación anticorrupción de la Guardia Civil ?El dirigente pasó su segunda noche en los calabozos de Las Rozas

20.07.2017 | 01:01
Villar es conducido por la Guardia Civil a su despacho de Las Rozas para uno de los registros.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tiene previsto tomar declaración hoy a las cuatro personas detenidas en la operación anticorrupción llevada a cabo en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), entre ellas al presidente del organismo, Ángel María Villar, y su hijo Gorka, abogado especializado en derecho deportivo.

Según informan fuentes jurídicas, el magistrado al frente de la investigación interrogará igualmente al vicepresidente económico en la RFEF, Juan Padrón, y al secretario de la Federación Tinerfeña, Ramón Hernández Boussou, en el marco de la bautizada como operación 'Soule' en la que se investigan las contraprestaciones por la celebración de partidos de la Selección Española de Fútbol. Ángel María Villar se ha sometido a las preguntas de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en los calabozos del puesto principal de Las Rozas, donde ayer pasó su segunda noche. Estas dependencias se encuentran a poco más de cinco kilómetros de la 'Ciudad del Fútbol', la sede de la RFEF a la que fue llevado el martes, y que fue registrada entre las 15.00 horas y las tres de la mañana.

Los agentes han hecho lo propio también con los otros tres detenidos, que han pernoctado en los calabozos de Tres Cantos a la espera de pasar a disposición judicial.

Según fuentes del Instituto Armado, al menos siete despachos de los principales directivos de la RFEF quedaron precintados tras la personación en las instalaciones de la UCO. Los agentes también requirieron información y tomaron declaración a directivos en otras federaciones como la de Andalucía, Valencia y Ceuta.

Padrón y Hernández Boussou viajaron desde Tenerife, su lugar de residencia, y donde se practicaron registros por ser una de las federaciones con más conexiones con la trama presuntamente encabezada por Ángel María Villar para desviar fondos de los de rechos de la Selección Española.

Los investigadores les imputan los presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental. La operación se inició a principios de 2016 a raíz de una denuncia formulada por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

En un comunicado, la Guardia Civil informó el martes de que la UCO había determinado que el presidente de la RFEF durante los últimos 30 años «pudo haber impulsado la celebración de partidos entre la Selección Española de Fútbol y otras selecciones, consiguiendo de esta manera contraprestaciones para la contratación de servicios y otras relaciones comerciales en beneficio de su hijo, abogado especialista en derecho deportivo».

La UCO ha determinado que, por otra parte, el vicepresidente económico de la RFEF se habría excedido presuntamente en sus facultades de administración del patrimonio de la Federación, causando perjuicio a la misma. Padrón también habría favorecido la contratación de sociedades de las que habría obtenido un beneficio propio, en forma de contraprestación económica.


Apropiación de fondos

Para ello participó junto al secretario general de la Federación Tinerfeña en una operativa continuada de apropiación de fondos de dicha Federación, a través del desvío de estos a una sociedad gestionada por ambos.

Las diligencias se encuentran declaradas secretas por el momento.

En otro comunicado, la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha explicado que las detenciones se han realizado en el marco del «contacto directo y estrecho con la Guardia Civil», siguiendo las directrices de la Fiscalía General del Estado en una instrucción de 2008 y a la circular en el mismo sentido de 1989. «Este contacto con la Guardia Civil», explicó Anticorrupción, «es el que debe permitir, en el más breve plazo posible, apreciar la necesidad de mantener la privación de libertad para conseguir el doble objetivo de, por un lado, asegurar las fuentes de prueba y, por otro, calibrar la necesidad de solicitar del Juzgado nuevas medidas de carácter personal».

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