Los 11 clubes náuticos de la Comunitat Valenciana cuyas concesiones están vencidas -ocho de ellos de la provincia de Alicante- comenzaron ayer a recibir las notificaciones de la conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del territorio en las que se les notifica el nuevo canon y la concesión temporal de la actividad en sus instalaciones. No obstante, las entidades náuticas considera que su continuidad no está garantizada con seguridad jurídica.

El pasado viernes, representantes de la asociación que integran a estos clubes y las propias entidades afectadas presentaron escritos para solicitar la continuidad de su actividad hasta que se proceda a la adjudicación de las concesiones, según informa esta asociación en un comunicado.

Su presidente, José Mas, afirma que esta situación ratifica el poco interés y la insensibilidad de la Conselleria para en dar una solución adecuada a la situación que afecta al 50% de los clubes náuticos de la Comunitat, a los que deja «en una situación de inseguridad jurídica alarmante en plena temporada».

Los clubes han propuesto a la Administración en su escrito que la continuidad de las concesiones se haga en las mismas condiciones económicas que tienen actualmente.

«Ni siquiera la consellera se ha reunido con nosotros para preocuparse por esta situación. Han pasado tres presidentes, varios consellers y directores generales, y siguen ahí los mismos técnicos que han bloqueado la situación en los últimos quince años», prosiguió Mas.

El pasado lunes finalizaron las prórrogas de las 11 concesiones administrativas caducadas correspondientes a los clubes náuticos de Vinaroz, Perelló, Cullera, Jávea, Moraira, Bassetes (Benissa), Costa Blanca (Alicante), Altea, Dehesa de Campoamor, Torre de la Horadada y Torrevieja, a las que se unirá Oliva, que vence en breve.

El nuevo canon por la concesión temporal de las instalaciones llega a multiplicar por siete la cuota de algún club, como el de Altea, que pasaría de pagar 50.000 euros anuales a 350.000.

Este incremento tiene su origen en una disposición de la Ley de Puertos introducida en 2014 que fijó el canon de las entidades náuticas en el 5% anual del valor de sus instalaciones portuarias.