Carmelo Fernández y Salvador Casas, secretario general y administrativo respectivamente de la Federación Valenciana de Motociclismo que preside el alicantino José Luis Berenguer, están imputados (investigados) por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 12 de Valencia por el presunto delito de falsedad en documento oficial en el marco seguido en el proceso electoral para la constitución de la Asamblea y las elecciones a Presidente de la Federación Española (RFME).
Como resultado de las diligencias previas practicadas en este juzgado, la juez titular ha citado a Fernández el próximo 24 de mayo con el objeto de que preste declaración como investigado. Los hechos se remontan al pasado 15 de noviembre cuando el Juzgado decidió paralizar el proceso electoral como consecuencia de la denuncia presentada por la Fiscalía de Valencia tras haber iniciado diligencias de investigación penal ante la denuncia interpuesta ante la misma por el Secretario General de la RFME.
En estas diligencias se investiga la presunta comisión de delitos de falsedad documental en el seno de la Federación Valenciana y en relación al proceso electoral a miembros de la Asamblea General, Presidente y Comisión Delegada de la Real Federación. Y ello al haberse detectado que desde la Valenciana, y a los efectos de constituir el censo electoral, se han aportado varias licencias federativas a nombre de pilotos que no las han solicitado, habiéndose llegado a tramitar votos por correo para las elecciones indicadas sin el conocimiento ni consentimiento de los mismos.
En concreto se denuncia que en un solo día, el 2 de marzo de 2016, pocas fechas después de haberse convocado elecciones se tramitaron 68 licencias y que junto a la documentación remitida se enviaba una nota diciendo que todo lo referente a las elecciones no se remitiese al domicilio de los pilotos, sino a la sede de la Federación. Seis de los pilotos ya han reconocido en el Juzgado, tal como informó este diario, que ellos no solicitaron, ni mucho menos pagaron, ninguna licencia y que los trámites se les falsificaron, enterándose de ello tras verse en el censo electoral como pilotos en activo.
En un principio, desde la Federación se negó todo aduciendo que aunque es raro, a veces es normal que se tramiten tantas licencias en un día, aunque lo realmente curioso, y que según los abogados de la RFME desmonta esta teoría, es que todas las solicitudes de licencia van por orden alfabético, lo que parece indicar que más que a petición de los pilotos hayan sido sacadas de un listado.
De momento Casas ya ha reconocido ante la juez que las solicitudes se tramitaron a la Nacional desde su ordenador y que ejecutó este trabajo por orden del secretario general, Carmelo Fernández.
Los hechos denunciados son graves y están contemplados en el artículo 392 del Código Penal con penas que van de seis meses a tres años de cárcel y a una multa de seis a 12 meses. Fuentes jurídicas destacan que este presunto fraude electoral podría acarrear penas más graves, ya que al ser tantas las licencias supuestamente falsificadas se podría aplicar el artículo 74 de dicho código y ser juzgados como un delito continuado con una condena de grado superior.
