Eufemiano Fuentes, médico imputado en la "Operación Puerto", contempla embargar bienes de la Generalitat Valenciana para cobrar por los servicios prestados al Grupo Deportivo Comunitat Valenciana, antiguo Kelme. Para los abogados de Fuentes, la deuda, reconocida en sentencia judicial firme y sin posibilidad de recurso, corresponde al gobierno autonómico por su condición de propietario y patrocinador durante la etapa de 2003 a 2006. El galeno reclama una cantidad millonaria que su abogado, José Miguel Lledó, no quiso precisar, pero que otras fuentes cifran en 600.000 euros. Según el fallo al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, el juez condenó al Grupo Deportivo Comunitat Valenciana a pagar 30.600 euros por los servicios prestados de agosto a diciembre de 2003. En 2006, se remitió reclamación de los honorarios a Broseta Abogados, que representaba al Grupo Deportivo Comunitat.

El impago del Comunitat Valenciana al principal acusado en la Operación Puerto contra la Salud pública se remonta al año 2003. Según consta en la sentencia, "el Grupo Deportivo Kelme por circunstancias relacionadas con el dopaje de deportistas solicitó la ayuda institucional a la Consellería de Deportes, quien asumió la gestión y patrocinio del mismo, pasándose a denominar Grupo C. Valenciana Kelme", aunque acto seguido constataba que a dicha Consellería no se le remitió "documentación o dato que pudiera dejar constancia del contrato de arrendamiento de servicios que se invoca ni de los emolumentos reclamados (por Eufemiano)".

Los abogados de Fuentes ya han pedido la ejecución de la sentencia. Para ello han reclamado al Juzgado que averigüe primero los bienes del demandado, el equipo ciclista. Lledó, defensor de Fuentes, explicó ayer a este periódico que hace cinco meses que iniciaron el proceso para poder cobrar lo que el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Valencia les reconoció en octubre de 2009. Una primera cantidad que podría rondar los 90.000 euros, pero que ascendería a 600.000 si Eufemiano reclama el montante total.

El primer escalón será el embargo de los bienes y propiedades del extinto Comunitat Valenciana -bicicletas, un par de autobuses, explica Lledó-. De no poder completar la deuda, el segundo paso, y al que de momento se resisten, sería pedir el embargo de bienes de la Generalitat Valenciana, propietario del equipo en la etapa de 2003 a 2006. Lledó quiso dejar ayer muy claro que Fuentes, que en la Operación Puerto negó haber trabajado para el Comunitat Valenciana, solo colaboró con el Kelme-CV en el período de 2003, por lo que exige a la Generalitat sus honorarios de ese periodo, "no sueldos". El fallo judicial que condenaba al Comunitat Valenciana a pagar a Eufemiano fue recurrido, pero también ratificado años después por la Audiencia Provincial de Valencia.

El juez reconoció la vinculación de Eufemiano con el Comunitat Valenciana basándose en las declaraciones de los testigos aportados por el médico, pues no tenía ningún contrato laboral firmado. Ni tampoco constaba en la Federación de Ciclismo. El gobierno de Francisco Camps avaló al club ilicitano para evitar su desaparición en 2003. Según Lledó, Esteban González Pons, conseller entonces de Deportes y Cultura, firmó un documento en el que el Ejecutivo valenciano asumía los activos y pasivos del equipo. Como recoge la sentencia, "es evidente que aunque el equipo cambiara de nombre tras asumir la gestión la Consellería de Deportes de la Generalitat, no se eximió del cumplimiento de las obligaciones asumidas con anterioridad".