EFE
Tras la comunicación de esta iniciativa, Carmen Polo había alegado su derecho a la inviolabilidad del domicilio para impedir la entrada de los técnicos, pero ahora la Sala considera que, al analizar los "intereses enfrentados" de la Xunta y de la propietaria, tiene "prevalencia el interés público sobre el privado".
El tribunal observa en el auto, al que ha tenido acceso EFE, que el reportaje de los técnicos en el edificio y entorno "debe entenderse limitado a todas aquellas fotografías que revelen el estado de la conservación del edificio y de su entorno".
Por ello entiende que, "obviamente, no tendrán otro uso que su incorporación al expediente, garantizando así el derecho constitucional a la intimidad personal y familiar".
El órgano judicial recuerda que este procedimiento "no tenía como objeto resolver sobre la inclusión del Pazo de Meirás en el Inventario General de Patrimonio Cultural de Galicia", sino sólo sobre la solicitud de suspensión de la entrada de los técnicos de la Xunta.
El informe de Patrimonio sobre la conservación del pazo responde al interés de la Xunta de declararlo Bien de Interés Cultural (BIC);, tal y como ya ha solicitado el Ayuntamiento de Sada.
Esta declaración supondría que la familia Franco se vería obligada a permitir cuatro días de visitas públicas al mes, así como a conservar todo este espacio y a pedir permiso a la Xunta para todas las obras y actuaciones que quiera realizar.
El Pazo de Meirás fue en su día propiedad de la escritora Emilia Pardo Bazán, pero en 1939 un grupo de ciudadanos formado, entre otros, por el banquero Pedro Barrié de la Maza, promovió su compra a los herederos y obtuvo más terrenos contiguos para ofrecérselo como regalo "popular" a Franco, que a partir de entonces siempre pasó allí sus vacaciones de agosto.
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