El borrador del anteproyecto que está sobre la mesa del Gobierno establece que el importe máximo de captación de fondos por cada proyecto de financiación participativa no podrá ser superior a 1 millón de euros. Además, las nuevas plataformas deberán tener un capital social igual o superior a 50.000 euros o, en su defecto, disponer de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura anual de 150.000 euros anuales. Las plataformas de financiación participativa deberán registrarse en la CNMV y en el Banco de España. Las plataformas de financiación participativa serán responsables frente a los inversores por la información remitida por los promotores y publicada en la página web. El ministerio de Economía establece límites a las aportaciones de los proyectos de manera que ningún inversor pueda invertir más de 3.000 euros en el mismo programa o más de 6.000 euros en varios programas a lo largo de un periodo de 12 meses. La ley de Financiación fija también un régimen de sanciones por incumplimiento de las obligaciones, con multas que oscilan desde un mínimo de 25.000 euros hasta un máximo de 200.000 euros.
