El 28 de marzo, fecha de la muerte de Miguel Hernández, quedará establecido en la Comunidad Valenciana como día del recuerdo de las víctima de la guerra civil y del franquismo. Esta propuesta se incluye dentro de la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunidad Valenciana, que se encuentra en sede parlamentaria. «Esta fecha la tenemos que celebrar siempre como un día en el que se reflexione sobre la memoria histórica y también sobre la vinculación de la poesía y la literatura como arma de paz», aseguró ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

En el último acto en homenaje al poeta oriolano al que asistió ayer, Puig clausuró la mesa redonda El proceso judicial a Miguel Hernández: la memoria delante de la justicia, presentada por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo.

Para el presidente, «Miguel Hernández forma parte de nuestra cultura, de nuestros valores» y destacó que la reparación del poeta «es la reparación de muchas personas que lucharon por la libertad». En este sentido afirmó que durante el proceso judicial a Hernández, «hubo una serie de fatalidades e insuficiencias políticas que incluso ahora en la democracia no hemos sido capaces de vencer y eso hay que reivindicarlo para que de una vez por todas se haga justicia».

En este sentido, resaltó que «no nos resignamos a que se cierre definitivamente este debate porque a mí me parece que es profundamente injusto»

La consellera recordó las sentencias del Supremo y del Constitucional que reconocen la ilegitimidad del tribunal que lo condenó y la injusticia de la sentencia, pero no consideran la declaración de nulidad del proceso, tal como pidió la familia en 2010, por lo que el único camino que queda es recurrir a Europa. «Más allá de lo que se pueda hacer en la vía judicial, es importante que los expertos y la sociedad civil reclamen las injusticias de esos procesos y su nulidad».

En la mesa participaron el magistrado José Antonio Martín Pallín y los catedráticos José Miguel Santacreu y Rafael Escudero. Pallín aseguró que en todo este proceso ha habido irregularidades en el juicio del Tribunal Supremo, pero sobre todo «deficiencias en la Ley de la Memoria Histórica que debió acordar de forma tajante la nulidad». Aseguró que «si un tribunal es ilegítimo y las sentencias son injustas, lo lógico es que se anule».

Además, destaca el magistrado, el Tribunal Supremo considera los bandos militares como una legislación tan legítima como podía ser el código civil, algo que en su opinión, «no deja de ser una aberración jurídica».