Reposaban en el Archivo de Salamanca hasta que a partir de 2010 muchos de los documentos abandonaron su estancia para trasladarse al Archivo Nacional de Cataluña, cumpliendo la ley de 2005 que marcaba que los fondos pertenecientes a esa autonomía volvieran a su lugar de origen. Hasta ahí todo bien. Si no fuera porque dentro de las cajas que emprendieron su viaje de regreso a Cataluña se arrastraron unos 440.000 legajos que nada tienen que ver con esa zona. Entre ellos, más de dos centenares de documentos procedentes de la provincia de Alicante que ahora se encuentran en la comunidad vecina.

Este hecho lo denuncia Policarpo Sánchez, presidente de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca, y técnico de este centro, que lleva varios años realizando campañas «para que se cumpla la ley» y que «Cataluña devuelva los papeles que se ha llevado y que no son suyos». De hecho, en sus registros aparecen mas de 2.000 documentos que pertenecen a la Comunidad Valenciana. Precisamente, el pasado martes Foro Asturias registró en el Senado una moción en la que se pide al Gobierno que apoye «la integridad del Archivo de la Guerra Civil Española».

Entre los documentos procedentes de Alicante y que ahora se encuentran en el Archivo Nacional de Cataluña aparecen carnés, correspondencia de familias de San Vicente, Elche y Alicante, documentación de sociedades de campesinos de diferentes localidades de la provincia, como Tárbena, Pinoso, Almoradí, Orihuela, Elda o Dénia, o circulares de la delegación de Hacienda en Alicante. «Son patrimonio personal y familiar, no entiendo dónde figura ahí Cataluña», subraya Sánchez.

Algunos ejemplos. El carné de la Confederación Nacional de Trabajo de España de Tomás Torregrosa, fechado en septiembre de 1931, en Floreal del Raspeig Alicante, que se corresponde con el actual San Vicente del Raspeig, ya que cambió su nombre durante la Guerra Civil. Y otro carné, el de una persona de Valencia desplazada a Alicante por razones de trabajo, como se acredita en el sello donde se lee el nombre de la ciudad. También se encuentra en ese fondo el carné de una persona de Elche, del Sindicato Metalúrgico, del 18 de abril de 1936.

De las sociedades campesinas hay numerosos documentos, que recogen las peticiones a la central de Alicante para cubrir las necesidades básicas de la población en esas localidades, como alimentos y abonos para la tierra. En uno de ellos, procedente de la Sociedad Campesina de Elda, se piden 1.000 kg de simiente de patata holandesa roja, 1.000 kg de simiente de patata irlandesa royal kidney, 7.000 kg de amoniaco, 500 kg de nitratos, 500 de superfosfato...

Además, se pueden encontrar certificaciones de personas de la época y el puesto que ocupaban. Entre ellas, un documento que recoge el nombramiento del secretario de la sociedad de campesinos de Tárbena. «Es como una radiografía social de esas localidades, la vida de esas poblaciones. Me gustaría saber qué tiene que ver eso con la memoria catalana», apunta Sánchez.

El presidente de Salvar el Archivo de Salamanca destaca que en el caso del carné de Floreal del Raspeig, dentro de las hojas había un cuadernillo con los estatutos del sindicato «y dentro una hojita con el carné de una mujer de Barcelona; eso les llevó a identificar que todo el documento era catalán, cuando no es así».

En su opinión, según la ley, «deben devolverlo al Archivo de Salamanca porque ha sido un traslado ilegal; a partir de ahí, si las instituciones alicantinas quieren pedir esos documentos pues tendrían que solicitarlo, porque la ley solo autorizó a Cataluña a llevarse los documentos catalanes, pero la selección se hizo sin ningún control, no se hizo un estudio pormenorizado de cada documento».

De hecho, afirma que se dirigirá en breve a la Generalitat Valenciana para sugerir que apruebe una declaración institucional similar a las ya realizadas por el Ayuntamiento de Salamanca, las Cortes de Castilla y León, y la Junta General del Principado de Asturias, para que se exija a Cataluña la devolución del patrimonio perteneciente a la Comunidad Valenciana.

La asociación que preside Policarpo Sánchez ha realizado también una recogida de firmas pidiendo la devolución de los documentos, que se entregaron en la delegación del Gobierno en Castilla y León. Un total de ocho cajas con 63.829 firmas para apoyar esta petición, de las cuales 2.326 proceden de Alicante. Esta petición cuenta además con el apoyo de nueve partidos políticos, plataformas ciudadanas, familiares de afectados y diversas entidades culturales.