El Tribunal Constitucional (TC) anuló ayer la prohibición de las corridas de toros que acordó el Parlamento catalán en 2010, al considerar que invadió competencias estatales, decisión que el gobierno de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona intentarán esquivar para que no se celebren.
El TC ha resuelto, por ocho votos a favor y tres en contra, que el ejecutivo catalán fue más allá de sus atribuciones y ha decretado que puede regular los espectáculos públicos, pero no puede prohibir una fiesta que es patrimonio cultural por decisión del Gobierno central. El PP recurrió un apartado de la Ley catalana de Protección de los Animales que prohibía las «peleas de animales y otras actividades». La ley catalana, que surgió de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), también prohibía «las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el estoque, así como los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que tengan lugar dentro o fuera de las plazas de toros».
La reacción del gobierno catalán la verbalizó el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, quien aseguró que los toros «no volverán» a Cataluña «diga lo que diga» el TC, por lo que el Govern desplegará «todos los mecanismos operativos y normativos» a tal fin tras analizar «a fondo» la sentencia. Rull esgrimió que el fondo de la cuestión es si «es aceptable en el siglo XXI un espectáculo basado en el sufrimiento y en la muerte de un animal». «Cataluña dijo no y seguirá diciendo no», recalcó. También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, respaldada por todos los grupos municipales, excepto C's y PP, reiteró el compromiso de la capital catalana contra el maltrato animal y ha reafirmado que Barcelona seguirá siendo la primera ciudad antitaurina de España. «Haremos todo lo posible para dejar sin efectos prácticos la sentencia», aseguró Colau.
