La Comisión Europea ha remitido un escrito a la Generalitat en el que solicita más información sobre la situación legal de Ciudad de la Luz, así como cuestiones relacionadas con la normativa española respecto al complejo cinematográfico alicantino. Bruselas recibió con sorpresa cómo el Consell proponía que la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana asuma tanto los activos, es decir sus instalaciones, como sus pasivos, en referencia a las deudas de los estudios.
Con esta propuesta, la Generalitat pretende que el complejo vuelva a manos públicas, una decisión justificada en que SPTCV es el mayor acreedor de los estudios, ya que le debe 200 millones de euros, a lo que se añade que posee el cien por cien de sus acciones. De esta manera, el gobierno autonómico considera que se daría por saldada la devolución de 265 millones que Europa obliga a reintegrar a la Generalitat por las ayudas que prestó al complejo.
Esta proposición, que se hizo llegar a Bruselas antes del verano, fue el cartucho que el Consell utilizó antes de sacar Ciudad de la Luz a concurso de acreedores, lo que obligaría a vender las instalaciones al mejor postor para ir cancelando sus deudas.
Todo ello, después de que se produjeran dos subastas públicas que quedaron desiertas pese a que el precio de partida era de 92 millones de euros, que en la segunda ocasión podían verse reducidos hasta los 50.
La carta de Bruselas, que llegó en la tarde del lunes a manos de la Generalitat, pide que se facilite determinada información en un plazo no superior a diez días e insta al gobierno autonómico a una nueva reunión en la capital belga para que explique los motivos y la justificación de su propuesta, al tratarse de un proceso novedoso.
El Consejo de Administración tendrá que reunirse en breve para preparar la respuesta y los datos que deben remitir a la Comisión Europea y a partir de entonces esperar a esa nueva reunión en Bruselas.
