El Tribunal de Justicia de la UE tumbó ayer el sistema español de compensación por copia privada o canon digital, aprobado por el Gobierno del PP, al estimar que colisiona con la directiva comunitaria sobre derechos de autor. La sentencia obligará a España a revisar este sistema aprobado en 2012 por el Ejecutivo de Rajoy, que contempla incluir esa compensación en los presupuestos generales del Estado. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que trabajarán «a pleno rendimiento» para hallar «una solución satisfactoria».
Las entidades de gestión de derechos de autor que iniciaron el proceso contra el actual canon celebraron el fallo, que consideran «un espaldarazo a la cultura», y recordaron que el Estado «tendrá que responder por los perjuicios causados», que calculan superiores a los 400 millones de euros.
La máxima instancia judicial comunitaria entiende que el sistema español, que sustituyó al que aprobó el PSOE, «no asegura que el coste de la compensación equitativa sólo sea sufragado por los usuarios de copias privadas». Para los jueces, la actual compensación, con cargo a los presupuestos generales, está obligando a pagar a «todos los contribuyentes, incluidas las personas jurídicas», cuando solo debería ser sufragado por usuarios de copias privadas.
