El consejero delegado de Ciudad de la Luz de Alicante, Miguel Mazón, ha afirmado sentirse "decepcionado" por que la subasta de los platós haya quedado desierta debido a que "el mercado no ha respondido".

Mazón ha presidido hoy el consejo de administración de los platós que, en calidad de 'mesa de contratación', ha abierto la única plica presentada a la subasta, formalizada por la empresa 'Cinespace Ñ', que no obstante ha sido desechada por no incluir el "indispensable" aval de 4,721.318,18 euros (equivalente al 5 por ciento del precio de salida, de 94,4 millones de euros).

En declaraciones a Efe, Mazón ha expresado su consternación por la falta de interés de los operadores y "fondos de inversión soberanos" por los platós alicantinos, en los que la Generalitat ha invertido unos 500 millones de euros y donde se han rodado 63 películas entre 2005 y 2012.

"Hemos seguido las directrices de la UE pero el mercado no ha respondido", se ha quejado Mazón, para quien la compra de Ciudad de la Luz podría constituir una operación "superestratégica" por el valor del complejo y su bajo precio.

De la oferta de 'Cinespace Ñ', ha expresado su sorpresa por que su propuesta no recogiera su capacidad económica y ni tan siquiera contuviera un aval respaldado por una entidad financiera.

A partir de ahora, una vez que se devuelva la documentación a 'Cinespace Ñ', trabajará en "buscar la solución menos gravosa" y siempre bajo la premisa de que la Generalitat "no está dispuesta a regalar el patrimonio".

"Estudiaremos con la Generalitat qué se puede hacer y luego veremos con la Unión Europea cómo se busca una salida", ha comentado el consejero delegado quien, en principio, descarta la posibilidad de que pueda haber una nueva subasta de un complejo con una superficie de 366.000 metros cuadrados.

Ciudad de la Luz salió a subasta el pasado 19 de febrero por 94,4 millones de euros y con la exigencia de que las empresas que optaran a la misma debían presentar un plan de negocio, no necesariamente relacionado con el sector cinematográfico.

Entre las cláusulas se obligaba a aportar el referido aval del 5 por ciento así como que la oferta económica no bajara del 50 por ciento del precio de salida, dentro de un pliego impuesto por la UE a consecuencia de que Bruselas declarara ilegales las ayudas públicas recibidas para la construcción, y ordenara la devolución a la Generalitat de 264 millones de euros.