19 de febrero de 2016
19.02.2016

Ciudad de la Luz costó 500 millones

Entre 2000 y 2015 la Generalitat ha invertido esa cantidad en los gastos relativos al complejo

20.02.2016 | 02:15
Miguel Mazón, ayer, durante la presentación del nuevo pliego de condiciones.

La segunda subasta eleva a 48 millones el mínimo por el que se puede vender el complejo y exige un plan de negocio.

Después de un gasto para las arcas públicas de alrededor de 500 millones de euros para crear y mantener Ciudad de la Luz desde el año 2000 hasta 2015, su venta podría reportar a la Generalitat tan solo 48 millones de euros, es decir, el 50 por ciento de los 94 millones de los que se parte como precio de salida. Ese es el mínimo exigido en el nuevo pliego de condiciones para la adquisición de los estudios, una cifra que sin embargo eleva un 30% lo exigido en el documento anterior que el nuevo Consell consiguió eliminar y que rebajaba esa cantidad al 20%.

Y es que el consejero delegado de Ciudad de la Luz, Miguel Mazón, cifró en alrededor de 500 millones el montante que la Generalitat se ha gastado en el complejo en estos quince años. Una cifra que incluye la construcción de todas las instalaciones, así como el funcionamiento, los sueldos, el mantenimiento de las instalaciones, las ayudas a los rodajes, el Centro de Estudios y los intereses financieros. Una cantidad de la que aún se adeudan 233 millones de euros, pero a la que, no obstante, habrá que restar los ingresos que haya habido en todos estos años.

Mazón dio a conocer ayer las nuevas condiciones de venta de las instalaciones, después de conseguir la luz verde de la Comisión Europea, una negociación que no ha sido fácil. Cuatro son las principales novedades que el nuevo equipo ha podido introducir para la licitación del complejo.

La primera, la del precio, con lo que se ha conseguido superar un importante bache que dejaba el valor del complejo por los suelos, al poder venderse por menos de 20 millones de euros. La segunda, y fundamental para Mazón, es la exigencia de que los licitadores presenten un plan de negocio o empresarial para las instalaciones, en el que se haga constar el uso que se va a dar. Además, se han podido introducir una serie de requisitos con el objetivo de reducir la posibilidad de que se adquiera para un negocio que desvirtúe las instalaciones.

Así, el pliego incluye que «los licitadores deberán acreditar que el fin que pretenden dar al complejo en su conjunto o alguno/s de los lotes no supondrá el desarrollo de actividades molestas para el público, no atente contra el medio ambiente, no responda a fines especulativos ni resulte contrario a la normativa aplicable en materia urbanística, de licencias ambientales o de licencias de actividad». Y que «podrán ser excluidos en caso de vulneración de la legislación general aplicable».

Este punto ha sido uno de los más conflictivos con Europa y ha llevado a realizar tres redacciones distintas hasta que se ha dado el visto bueno al texto definitivo. «No es el pliego que a mí me hubiera gustado», asegura Mazón, «pero al menos entra como una exigencia, lo que nos hace evitar propuestas especulativas».

Este plan de negocio no implica que se pueda dar prioridad a un proyecto para explotar el complejo como un centro de cine, ya que este punto también fue rechazado por Bruselas. «Será para la mejor oferta económica, pero no excluye que pueda ser una empresa dedicada al cine. Es decir, que se puede dedicar a cualquier cosa, incluido el cine».

También se ha podido introducir una modificación en cuanto al pago del importe aplazado por parte del adjudicatario. Ahora no podrá extenderse más de 4 años, frente a los 6 establecidos en el anterior documento.

El último cambio afecta a los edificios que quedan fuera de la subasta: el de oficinas y restauración, y el Centro de Estudios. El documento establece que serán fincas independientes con accesos y servicios respecto de los lotes subastados, y que el nuevo titular o titulares deben otorgar en escritura «las correspondientes servidumbres gratuitas de paso o de cualquier otra naturaleza que legalmente y de forma justificada fueran requeridas».

Lo que no ha podido cambiar el nuevo pliego es la exigencia de la Comisión Europea de que se pueda vender por la totalidad o por lotes, por lo que se mantienen las particiones establecidas con anterioridad. Esa venta en lotes conlleva que, de ser así, haya que modificar el Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras.

El plazo para presentar las oferta se establece en dos meses a partir de la publicación del pliego de condiciones para la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, que será quien tenga la última palabra sobre la adjudicación.

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