Las asociaciones de autores y creadores pedirán a partidos políticos y grupos parlamentarios una reunión para negociar un nuevo marco legal que haga compatible la percepción de la pensión de jubilación con la actividad creativa así como que se paralicen las sanciones impuestas a algunos escritores.

Representantes de estas entidades de gestión de los derechos de autor se reunieron ayer en la sede de la SGAE, donde acordaron constituir la plataforma «Seguir creando» para defender esta reivindicación a través de reuniones con partidos y actos públicos además de difundirla en redes sociales con la etiqueta #seguircreando.

Entre las medidas que pedirán a los partidos políticos se encuentra la suspensión de las inspecciones ya abiertas y la paralización de los actuales procesos puestos en marcha contra escritores como el Premio Cervantes Antonio Gamoneda, Javier Reverte o José Manuel Caballero Bonald. Según indicó el escritor Manuel Rico, presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España, la compatibilidad entre la percepción de una pensión por jubilación y la continuidad en la creación existe «sin límites» en la mayor parte de los países europeos.

Según estas asociaciones, los profesionales de la creación mayores de 65 años que deseen continuar desarrollando su actividad deben elegir entre cobrar su pensión pero renunciando a percibir una retribución por sus cursos, conferencias y derechos de autor que su obra genere si con ello supera en ingresos el salario mínimo interprofesional (SMI) anual bruto, fijado en 9.000 euros, o seguir recibiéndolos pero sin pensión.

Por el contrario, fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social dijeron ayer que los derechos de autor no se incluyen en estos cálculos, ya que, insisten, estos ingresos son «neutros» y, a sus efectos, «no cuentan». «Cuando se abre una investigación y se demuestra que los ingresos son por derechos de autor, se cierra el expediente», insistieron las fuentes que diferencian esta situación de los ingresos generados por una actividad continuada, como ha ocurrido en algunos casos.

El Ministerio recuerda que fue a partir del plan antifraude que comenzó en 2012 para controlar el trabajo no declarado cuando se iniciaron los cruces «ciegos» entre expedientes de la Seguridad Social y Hacienda, en los que se detectó la existencia de jubilados que declaraban ingresos, gastos y deducciones por viajes, transporte o facturas de luz, señalan. «Estaban diciendo a Hacienda que trabajaban y a la Seguridad Social, que no», aseguran las fuentes.