Ya no es solo la Intervención de la Generalitat. Las irregularidades en la gestión de Consuelo Císcar en el IVAM reflejadas por el organismo público se ven ahora respaldadas y ampliadas por la declaración como testigos de diversos técnicos del museo. La exdirectora y sus colaboradores más directos «perjudicaron la transparencia y neutralidad» en el proceso de contratación, maniobraron para que empresas afines presentaran en el último momento las ofertas más baratas a concursos, desoyeron informes desfavorables a sus gastos e incluso «obligaron» a incluir artistas amigos de Císcar en catálogos.
«Así lo querían desde la dirección». Es el argumento último que esgrimió un trabajador ante los funcionarios, según refleja el auto de la juez Nuria Soler, por el que Císcar, cuatro de sus subdirectores y un transportista de arte han sido imputados por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.
Así, el jefe de Publicaciones del museo declara ante los agentes de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Financieros) que «fue obligado» en varias ocasiones por Raquel Gutiérrez, subdirectora artística con Císcar, a incluir en catálogos ya impresos a «un artista amigo» de la exdirectora, lo que «suponía un elevado sobrecoste».
El auto recoge la afirmación en dependencias policiales de varios testigos vinculados al IVAM sobre la «decisión unilateral» de Císcar «de imponer a las empresas de Enrique Martínez Murillo para los transportes de obras de arte».
