La Comisión Europea desconoce «por completo» el motivo que llevó al anterior gobierno valenciano a fijar algunos de los términos del pliego de condiciones para la venta de Ciudad de la Luz, que tanto se hizo esperar y que al final se aprobó «in extremis» poco antes de las elecciones autonómicas. Así lo aseguró ayer la nueva directora general de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), Eva Martínez, tras la reunión mantenida por el renovado consejo de administración del complejo cinematográfico en las instalaciones alicantinas.
Martínez afirmó que en la reunión mantenida en Bruselas con técnicos de la Competencia hace dos semanas para paralizar la venta de los estudios, «queríamos enterarnos de si las condiciones del pliego habían sido impuestas por Europa o si era una decisión del anterior Consell». En este sentido, resaltó que «en la reunión tuvimos constancia de que uno de los elementos más perjudiciales de la venta, como el fijar en la segunda subasta un mínimo tan solo del 20% del valor, lo desconocían por completo y no sabían por qué motivo se ha establecido este baremo».
«El gobierno de Fabra nos había estado engañando diciendo que la venta había que hacerla así porque era el margen que había, que Europa no dejaba hacerlo de otro modo, y eso es incierto porque la Comisión Europea nos ha dado la posibilidad de plantear alternativas», puntualizó. Y en este sentido, añadió que «sospecho que la celeridad del proceso se debió a que el anterior gobierno quería que tuviéramos las manos atadas en el proceso».
También estuvo en esa reunión en Bruselas la directora general del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio, Ángeles Cuenca, quien destacó ayer que «lo que ha quedado claro es que era posible negociar el pliego de venta en otras condiciones». El presidente del consejo de administración de Ciudad de la Luz y secretario autonómico de Modelo Económico, Julián López, afirmó en este sentido que «ellos decían que los términos eran impuestos pero en buena medida fueron propuestas del gobierno valenciano porque la CE está dispuesta a escuchar propuestas».
De hecho, Europa está estudiando la alternativa presentada por el actual Consell que pasa, en primer término, por conseguir la dación en pago del complejo, es decir, que la sociedad Ciudad de la Luz entregué a la Generalitat las instalaciones con lo que se saldaría la devolución de 265 millones de euros que Bruselas impuso en 2012 al complejo por no respetar el principio de competencia. La segunda opción sería modificar los términos del pliego de venta, de manera que la segunda subasta -al quedar desierta la primera- no ponga un límite de venta tan bajo, ya que el 20% del valor de salida (94 millones) supondría venderlo en 20 millones, y que garantice su uso como centro de cine.
En este sentido, López hizo hincapié en que en cualquiera de las opciones será la Comisión Europea la que tenga la decisión final del destino de las instalaciones. «En caso de que acepten la dación en pago y pasara el complejo a ser de titularidad pública de la Generalitat, elaboraríamos un plan estratégico para que esto tenga futuro». Sobre si ese plan optaría por la continuidad cinematográfica, el secretario autonómico afirmó que «queremos ser cautos», pero no se descarta.
En principio, «si se devuelve el dinero a través de los activos, ya no se produciría esa competencia por la que se paralizó la actividad cinematográfica, pero la decisión última es de la Comisión Europea que se ha reservado ese derecho.
Eva Martínez puntualizó que la decisión final sería suya «tanto en el caso de dación en pago como de subasta». Pero, admitió que en la reunión de la semana pasada «no se llegó a la puntualización de cine sí o cine no».
Julián López manifestó, no obstante, que «tampoco estamos dispuestos a aceptar la dación en pago a cualquier precio, no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad».
Otro asunto pendiente está en las cuentas de 2014, que el nuevo gobierno no va a aprobar hasta que no se realice una auditoría. «Nosotros no las vamos a aprobar en tanto no tengamos un informe de la auditoría para poder analizarlo», destacó López. Según los números, «Ciudad de la Luz es una empresa absolutamente ruinosa, con pérdidas que están entre los 12 y los 13 millones de euros sin tener ninguna actividad».
El nuevo consejo de administración está integrado, además de Julián López como presidente, por Albert Girona como vicepresidente; Ángeles Cuenca, secretaria; Eva Martínez, vicesecretaria; y Pilar Pérez Solano, Maisa Lloret, Gabriel Echávarri y Miguel Mazón, que además ha sido nombrado consejero delegado en la reunión de ayer.
