No es una puerta abierta, «tan solo una rendija», lo que ayer consiguió la delegación enviada por el Consell a Bruselas para reunirse con técnicos de la Comisión Europea e intentar paralizar la venta de Ciudad de la Luz. Y no es una puerta porque no se lo han puesto fácil, aunque las cuatro representantes de la Generalitat volvieron ayer con algo de esperanza bajo el brazo.
Los técnicos de la Comisaría de la Competencia con los que se reunieron en la mañana de ayer han aceptado que el Consell presente una alternativa a la venta del complejo cinematográfico alicantino y están dispuestos a estudiar esa propuesta. A partir de ahí, poco más. El compromiso, según fuentes de la Generalitat, no pasa de «estudiar» esa alternativa, lo que no quiere decir que estén dispuestos a cambiar su línea de actuación.
Por este motivo, la Comisión Europea ha dicho sí a analizar otra propuesta que sirva para paralizar la subasta de los estudios, eso sí, siempre que esa segunda opción cumpla con las exigencias impuestas por Competencia en la sanción inicial. Unas exigencias que la Generalitat califica de «durísimas» y que incluyen devolver la inversión pública, cifrada en 265 millones de euros, entre otras muchas condiciones administrativas y técnicas.
Además, esa alternativa a la venta tendrá que estar camino de Bruselas dentro de una semana, es decir, que la Generalitat no cuenta con mucho tiempo para reformular el futuro del complejo. «Ahora vamos a trabajar duro en este plazo para estudiar las posibilidades que hay, aunque ya tenemos camino avanzado, y poder aprovechar esta oportunidad para salvar el complejo».
La opción que se contempla es que la CE estudie una alternativa al cumplimiento de la sanción sin vender Ciudad de la Luz y eso es lo que se ha puesto sobre la mesa y sobre lo que se va a trabajar en principio. No obstante, también se podría estudiar, en caso de no conseguir paralizar la subasta, modificar las condiciones de venta. «Eso también está encima de la mesa, trabajamos en todas las opciones», aseguran desde la Generalitat.
«Aunque presentaremos una alternativa, la Comisión no garantiza que vaya a aceptar lo que llevemos -aseguran fuentes del gobierno valenciano-, no lancemos campanas al vuelo porque es tremendamente complicado, aunque al menos hemos cumplido con nuestro trabajo». Además, es un logro positivo, «una brecha que vamos a explorar, al menos hemos conseguido que nos escuchen, pero si la alternativa que presentemos no se ajusta como ellos quieren a las condiciones establecidas pues se acabó, por eso hay que mirarlo muy al detalle».
La delegación desplazada a Bruselas estuvo integrada por tres directoras generales: Ángeles Cuenca (Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio), Regina Laguna (Relaciones con la UE) y María José Rodríguez (Abogacía de la Generalitat), a las que se unió la directora de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), Eva Martínez.
El nuevo gobierno autonómico dejó claro tras la toma de posesión que su intención era paralizar la venta de Ciudad de la Luz paralizar la ventay volver a convertirlo en un centro de cine. El propio presidente, Ximo Puig, se comprometió a solicitar una reunión a la Comisión Europea para tratar este tema.
La respuesta de Bruselas llegó cuando el Consell había conseguido encontrar los resquicios jurídicos que le permitieron aplazar la convocatoria de la segunda subasta de las instalaciones alicantinas, que debería haberse hecho pública este mes.
La primera intentona de venta quedó desierta a finales de julio, después de que solo un licitador se interesase por el complejo, aunque fue desestimada su propuesta al no incluir ninguna cantidad económica y ser más bien una declaración de intenciones. Las condiciones contemplaban la venta por el complejo completo o por partes, ya que se abría la posibilidad de pujar por seis lotes diferentes, lo que además no garantizaba la continuidad de su dedicación al cine. El precio mínimo de venta se estableció en 94 millones de euros.
Tal como recoge el pliego de condiciones pactado por el anterior gobierno autonómico con Bruselas, en caso de darse ese supuesto, se abriría paso a una segunda subasta en el plazo de dos meses. De convocar esta segunda puja, el precio mínimo a pagar por el complejo sería solo del 20 por ciento del valor inicial. Es decir, que se podría adquirir por 20 millones de euros.
