Será por fin el próximo jueves cuando la Comisión Europea reciba a la Generalitat Valenciana para mantener una reunión de carácter técnico sobre la venta de Ciudad de la Luz. La petición a Bruselas se realizó en el mes de julio, después de que el nuevo Consell discrepara de la formulación del pliego de condiciones de venta realizada por el anterior gobierno autonómico del PP poco antes de las elecciones.
Esta reunión, que fuentes de la Generalitat insisten en que tendrá un carácter técnico y jurídico, resulta crucial para esta institución por lo que ha nombrado una delegación de alto rango para que represente los intereses de la Generalitat. Serán la directora general del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio de la Comunidad, Ángeles Cuenca; la directora general de Relaciones con la Unión Europea del Consell, Regina Laguna, y la directora general de la Abogacía de la Generalitat, María José Rodríguez, quienes vuelen hasta Bruselas el próximo miércoles para preparar el encuentro que tendrá lugar un día después.
Es decir, tres directoras generales serán las encargadas de presentar ante los técnicos de la Comisaría de la Competencia de la UE el dossier que recoge los argumentos con los que el gobierno presidido por Ximo Puig pretende alcanzar dos objetivos principales: paralizar la venta de Ciudad de la Luz y conseguir que vuelva a funcionar como complejo cinematográfico.
A lo largo de todo el verano, los servicios jurídicos han trabajado en buscar los resquicios legales que permitan mostrar a la Comisión Europea las incorrecciones que se incluyen en el pliego de condiciones que se aprobó para realizar la subasta de los estudios de cine, que han llevado a que se declarara desierto el primer intento de venta.
Ahora se trata de evitar que se convoque la segunda subasta, ya que las condiciones serían aún más pésimas. Si en la primera ronda la venta se hacía por el total o por alguno de los seis lotes en los que se dividieron las instalaciones, por un mínimo de 94 millones de euros, en la nueva ronda valdría con que la puja alcanzara el 20 por ciento, es decir que podría adquirirse por 20 millones de euros.
Desde que el presidente de la Generalitat tomó posesión de su cargo, manifestó su intención de intentar paralizar ese proceso. Y aunque posteriormente indicó que parecía imposible detener la venta, los estudios realizados han vuelto a marcar ese punto como prioritario. «El objetivo es explorar las vías técnicas para reconducir la situación de Ciudad de la Luz -afirman desde la Generalitat-. Vamos a que nos expliquen los técnicos y nosotros a ellos las posibilidades que hay para lograr el fin que perseguimos que es paralizar la subasta e intentar que siga siendo un complejo de cine».
Estas mismas fuentes destacan el carácter técnico de la cita en Bruselas, ya que se van a explorar las vías de acceso y una vez vistas las posibilidades que existen se irán aportando más variaciones. «Nos reunimos con ellos para que nos digan si es posible hacer lo que queremos hacer, que es encarar una solución para Ciudad de la Luz desde otro punto de vista distinto, que no suponga malvenderlo».
En la cita del jueves, el gobierno valenciano pretende explorar «si tenemos recorrido», si legalmente se pueden tomar medidas que modifiquen el proceso, a la vez que se afronte otro tema en cuestión: el de los 265 millones de euros que la Comisión Europea obliga a la Generalitat a devolverse a sí misma, por lo que Competencia considera que fueron ayudas ilegales. Y es que la devolución de esta cantidad es la que propició la puesta en marcha del proceso de venta, aunque su cancelación a día de hoy resulta muy complicada, incluso si se privatizase el complejo, ya que las cantidades que se manejan no cubrirían ni de cerca esa cantidad.
«Se ha trabajado todo el verano en esto y vamos con las esperanzas de que se llegue a algún punto y de que esto tenga recorrido, pero no sabemos qué nos van a decir y si nos vamos a encontrar con un muro». De ser así, la única opción sería la convocatoria de la segunda subasta, que de momento se ha conseguido parar.
La respuesta de Bruselas condicionará la puesta en marcha de la maquinaria del Consell, ya que de ser positiva se tendría que proceder a nombrar un nuevo consejo de administración de Ciudad de la Luz, que a su vez elegiría director o directora, que sustituya a José Antonio Escrivá que aún se mantiene en su cargo.
