Las instalaciones de Ciudad de la Luz vuelven a estar en manos de la Generalitat Valenciana desde el martes, después de que el administrador concursal de Aguamarga, empresa gestora del complejo, entregara las llaves al director de los estudios, José Antonio Escrivá. Eso fue el pasado lunes, cerca de un año y medio después de que el juez condenase a la empresa a pagar 1,2 millones a Ciudad de la Luz y declarase la resolución del contrato entre ambas partes -efectivo desde el año 2000-, y tras pasar cuatro meses desde que el tribunal ordenase en un auto el desalojo definitivo.
De esta manera, el Conselll vuelve a tomar las riendas de los estudios y con ello acelerar el proceso para la venta del complejo, siguiendo la directiva de la Comisión Europea que declaró ilegales los 265 millones invertidos en los estudios por la propia Generalitat y que debe devolver a las arcas autonómicas.
El lunes, José Antonio Escrivá convocó a un notario en Ciudad de la Luz para que visitase las instalaciones y levantase acta con el estado de los bienes del complejo. Y el miércoles fue cuando el administrador concursal de Aguamarga -nombrado por el juez en marzo de 2011- entregó las llaves al director. A partir de ese momento la seguridad de los estudios volvió a ser responsabilidad de la Generalitat, que contrató a una nueva empresa.
También desde el martes, Escrivá puede entrar en todas las dependencias, algo que hasta ahora tenía limitado. «Era un proceso necesario para que las instalaciones estén en las mejores condiciones a la hora de futuras visitas de posibles compradores; ahora hay que hacer el inventario de todo y acondicionar las instalaciones para cumplir con las directrices de Bruselas».
De esta forma, la Generalitat puede empezar a preparar e inventariar los ocho lotes en que se va a dividir Ciudad de la Luz para proceder a su venta, tal como de momento ha resuelto la Comisión Europea, «aunque los pliegos de condiciones es cosa de Bruselas y todavía no están ultimados», destaca Escrivá.
La recuperación de las instalaciones por parte de la Generalitat no afecta a los tiempos que debe marcar la CE para la liquidación del complejo, «pero lo que sí varía es saber que podemos tener todo en condiciones cuando se ponga en marcha la venta».
