Las rupturas matrimoniales han descendido casi un 40% en la provincia desde que se inició la crisis económica, tal y como ponen de manifiesto los datos que acaba de hacer públicos el Instituto Nacional de Estadística (INE). El recuento de divorcios, separaciones y nulidades, que se hace en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), señala que el año pasado se formalizaron en los juzgados alicantinos 3.661 divorcios y 170 separaciones. La suma de ambos, 3.831, dista mucho de los 6.198 procesos de ruptura -5.458 divorcios y 740 separaciones- que se registraron en 2006. El descenso desde entonces ha sido continuo, con la sola excepción de un repunte en el año 2011.
La cifra de nulidades matrimoniales siempre ha sido testimonial -el año pasado, por ejemplo, tan sólo se llevaron a cabo tres-, pero los divorcios y separaciones sí reflejan bien la litigiosidad de las parejas cuya armonía se rompe. La aprobación de la llamada «Ley del divorcio exprés», en 2005, hizo que la fórmula de la separación cayera en desuso: ese año hubo 2.755 procesos de este tipo en la provincia, frente a los citados 740 del ejercicio siguiente. Las rupturas pasaron a tramitarse en una inmensa mayoría como divorcios, haciendo que la cifra anual prácticamente se duplicara entre 2005 y 2006. Sin embargo, la crisis cambió otra vez ese contexto, de forma drástica, rápida y generalizada en todo el país.
El inicio de un proceso de separación o divorcio conlleva unos gastos
, como los honorarios del abogado y el procurador, que pueden compartirse si la ruptura es de mutuo acuerdo. Ahora bien, si la pareja se enfrenta en un contencioso, el coste puede incrementarse de manera notable, a la vez que el proceso se dilata, ya que hay que dirimir aspectos como el reparto de los bienes y, en el caso de que haya hijos, el régimen de custodia y el paso de pensiones por ellos. El año pasado hubo 803 divorcios de tipo contencioso, un 22% del total; en 2006, ese índice fue de casi el 35%, con 1.890 procesos.
El responsable del área de Justicia del sindicato UGT en Alicante, Juan Pedro Pelegrín, corrobora que las parejas evitan cada vez más llegar a una ruptura contenciosa por los gastos y el tiempo de espera que supone. «Cualquier historia, por poco importante que parezca, puede deparar un litigio» que incremente los costes y dilate todavía más el proceso, señala. Esto contribuye, dice, a que «los juzgados nunca se desatasquen, porque las ejecuciones de las sentencias de divorcio no tienen fin». Por ello, para evitarlo, muchas parejas tratan de buscar el acuerdo aunque entre ellos la relación personal ya no sea nada buena.
En este sentido, Pelegrín comenta que se da también el extremo de parejas que, pese a romper su convivencia, no se disuelven formalmente para evitar los gastos del proceso de separación. También, incluso, se dan casos en que «mantienen el mismo domicilio y se sobrellevan» porque ninguno de ellos puede afrontar el traslado a otra vivienda, aunque esto, alerta, puede dar lugar a «situaciones muy incómodas que generan conflictos» y que, a la larga, pueden ser peores que si se iniciara de primeras un divorcio contencioso. Por otra parte, el responsable de UGT llama la atención acerca de las tasas judiciales impuestas por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, que suponen «un gasto aún mayor».
