No hay perdón para los excesos de la Generalitat Valenciana en Ciudad de la Luz. El Tribunal General de la Unión Europea rechazó ayer los recursos presentados por el Consell contra la sanción de 265 millones impuesta por Europa -equivalente a todo lo gastado en el complejo- y confirmó que las ayudas concedidas para la construcción y los rodajes en los estudios cinematográficos de Alicante son ilegales.

El portavoz de Competencia de la Comisión Europa, Antoine Colombani, fue tajante: «Está claro que estas ayudas eran ilegales, que no eran compatibles con las reglas, y la sentencia es la confirmación».

Hace dos años, el Ejecutivo comunitario declaró ilegal la financiación pública concedida a Ciudad de la Luz, al considerar que un inversor privado no habría asumido ese gasto en las mismas condiciones, de manera que se alteró la competencia en el sector, y le puso una sanción equivalente al dinero invertido. «La conclusión es que un inversor normal no hubiera realizado esta inversión; por lo tanto, se trata de una ayuda, una ventaja, y no hay nada en las reglas europeas que permita dar ayudas de Estado a este tipo de actividades», recalcó el portavoz del comisario de la Competencia, Joaquín Almunia.

Entonces, la Generalitat anunció una ofensiva judicial en Europa y ordenó suspender toda actividad cinematográfica en los estudios, al mismo tiempo que buscaba un acuerdo con las autoridades comunitarias de la Competencia para vender el complejo.

Como recordó ayer el tribunal, que deja en pólvora mojada el último cartucho judicial de la Generalitat, Ciudad de la Luz fue creada en 2000 y desde 2004 es propiedad de la Generalitat, a través de la empresa Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana.

La resolución de 2012 y la sentencia de ayer que la confirma establece que debe ser Proyectos Temáticos la que reintegre ese dinero en las arcas autonómicas, pero la sociedad está a punto de su disolución.

Aunque cabe recurso contra esta sentencia, ningún responsable de la Generalitat anunció ayer su presentación, tal vez porque han asumido que tras los varapalos políticos y judiciales será muy difícil que algo cambie. En la sentencia se rechazan todas y cada uno de las alegaciones de la Generalitat sobre las subvenciones autonómicas, las culturales y los incentivos a las productoras. El tribunal destaca, entre otras cuestiones, la «falta de contenido cultural» del proyecto.

La Comisión consideró que Ciudad de la Luz no perseguía la conservación del patrimonio ni un objetivo cultural, porque en él podía desarrollarse todo tipo de contenido audiovisual, incluso anuncios publicitarios, y seguía criterios comerciales. El tribunal ha respaldado también el argumento de la Comisión de que no existía una deficiencia del mercado por carecer la Comunidad Valenciana de estudios de cine, lo que hubiera podido justificar las ayudas públicas, según la Generalitat.

Una venta difícil

Desde Madrid, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se mantuvo en el mismo discurso de los dos últimos años y dijo que la solución para resolver la situación de Ciudad de la Luz «ya está prácticamente consensuada» con la Comisión de la Competencia. «Hace ya tiempo que estamos trabajando con la Comisión de la Competencia para poder resolver esta cuestión» y «lo que se acordó en su día era proceder a la venta» del complejo. Fabra agregó que el Gobierno valenciano «está a punto de cerrar un acuerdo con Competencia».

Preguntado si los 265 millones de euros invertidos hay que pagarlos, respondió que «sí» y que se generará con la venta de toda la Ciudad de la Luz.

También abundó en ello en Valencia la portavoz del gobierno autonómico, María José Catalá, quien afirmó que la sanción «no generará ningún coste extraordinario» al Consell, y que esos 265 millones volverán a la Generalitat cuando se venda el complejo. La también consellera de Cultura insistió en que la decisión de la UE «no va a suponer coste ni gasto para la Generalitat», ni altera las previsiones y la «hoja de ruta» para vender la propiedad y la gestión del complejo.

Según Catalá, la voluntad del Consell siempre ha sido que se permita la venta en un solo lote, aunque podría hacerse en varios si así lo determina Europa, y precisó que pretenden vender a precio de mercado, una cuantía que no especificó, aunque aseguró que cubrirá «en cualquier caso» esos 265 millones. La consellera dijo que «por supuesto» que hay «empresas interesadas» en comprar, «siempre a valor de mercado», que según reiteró es superior a los 265 millones de euros, e intentando que la Generalitat «recupere al máximo la inversión realizada». Sin embargo, Catalá no explicó que Ciudad de la Luz arrastra además una deuda de 90 millones de euros generada en los años de su funcionamiento y que tiene pendientes pleitos judiciales con la gestora Aguamarga y con los propietarios de los terrenos expropiados, lo que dificulta su venta.

Además, el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, que ayer mostró su satisfacción con la sentencia, afirmó que la institución procurará que los 265 millones sean devueltos y reiteró: «La financiación pública suponía una ventaja que falseaba la competencia».