La venta de Ciudad de la Luz anunciada por el Consell no será tan inmediata como parecía. Un grupo de propietarios afectados por la expropiación de los terrenos de Agua Amarga donde se construyó el complejo cinematográfico ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que detenga cualquier posible operación sobre este suelo hasta que no se resuelva la situación de los afectados por la expropiación, declarada nula por el Tribunal Supremo en marzo del pasado año 2011.

Los damnificados, un grupo de una docena de los más de treinta personados en el litigio de las expropiaciones, reclaman al juez como medida cautelar que impida a la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana SAU -de la que depende Ciudad de la Luz- y a la administración demandada -la Conselleria de Obras Públicas- "la venta, cesión, enajenación o gravamen o cualquier instrumento jurídico de dicho suelo o infraestructura construida sobre el mismo hasta que no haya sido resuelto de forma firme el presente incidente de ejecución de sentencia".

La medida cautelar -presentada en un escrito el pasado 29 de noviembre- se solicita al considerar que "no resulta razonable" que la Generalitat "pretenda que los propietarios del suelo que, en síntesis, han sido víctimas de una expropiación ilegal, tengan que asumir mayores perjuicios que producirían de enajenarse parte del suelo expropiado". En este sentido, alertan del peligro de que dicho proceso "dificulte o impida el pleno cumplimiento de lo acordado" por el Supremo.

La petición se hizo a partir de las últimas informaciones que hablaban de la venta del complejo de Ciudad de la Luz, que la Generalitat inició hace un año y que el pasado jueves la entonces consellera de Cultura, Lola Johnson, anunció en Las Cortes Valencianas. Johnson afirmó que el proceso de venta que se haría "inmediatamente" por un "procedimiento abierto" para devolver a Bruselas las ayudas de 265 millones para construir el complejo que la Comisión Europea considera ilegales. Decisión que, por otra parte, ha recurrido ya el Consell y confía en que su recurso prospere por contar con "sólidos argumentos" en su defensa.

De hecho, la medida cautelar de los expropiados se produce días antes del anuncio oficial de la exconsellera sobre la venta del complejo, sobre la que ahora deberá decidir el TSJ a principios de enero.

Indemnizaciones pendientes

Como se recordará, la sentencia del Supremo de 2011 declaró "contrario a derecho" el proceso de expropiación de terrenos a los afectados sobre los que se levantaron los estudios de Ciudad de la Luz. El Consell aseguró entonces que cumpliría la sentencia que anulaba las expropiaciones y ello obligaba a devolver los terrenos -algo difícil al haber sido urbanizado con el complejo- o a establecer el pago de indemnizaciones a los propietarios afectados, que el Síndic de Comptes llegó a cifrar en 42 millones de euros.

Sin embargo, más de un año después de la decisión del Supremo, la sentencia sigue sin ejecutarse y apenas se ha establecido comunicación con los expropiados para resolver las indemnizaciones.

Asimismo, las informaciones que han recibido los afectados han sido algo contradictorias, según consta en el escrito presentado al TSJ, ya que si bien en principio la Generalitat manifestó la imposibilidad de dar cumplimiento a la sentencia de restituir los terrenos a sus propietarios, en otro escrito del 12 de noviembre pasado se planteaba dicha opción "a excepción de aquellas porciones de suelo o parcelas donde se emplaza el complejo cinematográfico".

Los afectados consideran que este argumento carece de rigor al ser "notorio" que "ha existido un cambio físico y urbanístico de todo el suelo afectado objeto de expropiación".

Plazo para presentar alegaciones hasta el 27 de diciembre

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha establecido un plazo de diez días hábiles a partir de hoy para que las partes implicadas presenten alegaciones a la medida cautelar solicitada por este grupo de afectados para que se impida el inicio de un proceso de venta del complejo cinematográfico.

Dicho plazo concluye el próximo 27 de diciembre, por lo que se espera que sea a principios de enero cuando el tribunal se pronuncie sobre la idoneidad de la medida. Contra dicha resolución también cabe recurso en el plazo de cinco días.

Esta diligencia se ha remitido a todas las partes personadas, demandantes y demandados, con el fin de oír la opinión de todos ellos antes de tomar una decisión. Los afectados por las expropiaciones personados en la causa superan la treintena de personas.

Los abogados consideran que este litigio puede alargarse en el tiempo y que sólo podrá resolverse cuando el Consell se siente con los afectados para llegar a un acuerdo sobre las indemnizaciones.