La Generalitat pidió a la Comisión Europea (CE) que fueran retirados del informe que declaraba ilegales las ayudas del gobierno valenciano a Ciudad de la Luz -que sancionaba al complejo con su devolución así como las subvenciones otorgadas a los rodaje- datos referidos a su coste, gastos y ayudas apelando a la confidencialidad. De los dieciocho puntos reclamados, la Comisión sólo aceptó uno, el referido a la rentabilidad de los contratos de patrocinio a las películas rodadas en Alicante y que alcanzó, según sus estimaciones, 2,9 millones de euros frente a los cerca de trece millones, según los propios datos de la administración valenciana, que repartió entre productoras para que rodasen allí películas. Desde su puesta en marcha el número de filmes ha rondado el medio centenar.
Las subvenciones y ayudas públicas para acercar rodajes así como la inversión realizada por la Generalitat en Ciudad de la Luz fue lo que llevó a la denuncia de los estudios Pinewood frente a la UE por competencia desleal, a la que se sumaría un segundo.
Según la Generalitat la petición de confidencialidad es un procedimiento habitual en procesos de esta naturaleza.
El documento al que ha tenido acceso este diario figura en el procedimiento judicial entre Ciudad de la Luz y la sociedad Aguamarga, gestora de los estudios y cuyo contrato fue rescindido por la Generalitat Valenciana.
Se da la circunstancia de que los puntos que las autoridades españolas querían vetar se refieren a la propia planificación del complejo, la falsedad de documentos e informes sobre la idoneidad de Alicante como sede o su rentabilidad económica, así como otros aspectos relacionado con el pago de las inversiones. Ciudad de la Luz está en la actualidad apenas sin uso y a la espera de un comprador, aspecto difícil ya que se encuentra envuelta en un proceso judicial que puede durar años.
Así, por ejemplo, uno de los puntos de la CE aclara finalmente que el verdadero coste de Ciudad de la Luz a finales de 2010 era de 274 millones de euros, incluidos los intereses pendientes sobre los préstamos. Asimismo, destaca que en su plan de negocio de 2000 las tarifas previstas se acercaba a las aplicadas por los estudios comparables de la UE pero eran entre un 50% y un 100% más caros que los estudios de la República Checa -allí han rodado muchos cineastas española- o Alemania.
La Comisión, que encargó un informe externo para tomar su decisión, también subrayaba en otro de los puntos en cuestión que la escasa densidad de profesionales e infraestructuras cinematográficas en Alicante, con relación a Madrid o Barcelona, no lo consideraba el lugar idóneo y que prestaba servicios de estudio a precios muy bajos sin tener en cuenta los costes de establecimiento. También que en sus apuntes contables aparecía una valoración inicial de 1 millón de euros como valor de sus terrenos frente a los 9 en que los estimó una vez cedidas las acciones desde Proyectos Temáticos a la propia sociedad Ciudad de la Luz.
Los beneficios del complejo se esperaban recoger a partir del año 2014
Entre las muchas perlas que incluye el informe final de la Comisión Europea, hay algunas que chirrían. Como, por ejemplo, la que reconoce que ningún inversor privado se habría metido en ese negocio, que era más rentable incluso invertir el dinero -los 274 millones- en bolsa, funcionando como funciona, o que se corría un grave riesgo invirtiendo en una zona donde apenas hay producción cinematográfica suficiente. Pero da más miedo todavía imaginar quién pudo realizar los estudios de impacto de mercado y rentabilidad de negocio, en competencia con los estudios de primer nivel europeos o americanos, cuando estimó que en 2014 el complejo -abría sus puertas en 2005- sería rentable, tras una inversión tan millonaria, ya que acercaría a sus estudios 15 grandes producciones cinematográficas y de televisión de todo el mundo al año.
La gran mayoría de películas que se han rodado en Alicante han sido de mediano formato y de origen español, así como la serie de TVV L' Alqueria Blanca. Pero, además, los estudios estimaban que para el año 2014 el complejo habría generado ya unos beneficios de 341 millones de euros, algo que el auditor del informe considera en su escrito "poco racional". Asimismo, la Generalitat Valenciana creía que en el año 2015 los préstamos recibidos se reembolsarían. De momento, todo son deudas en los estudios mientras sus 21 empleados, todo ellos cercanos al poder, se repartían al año un millón de euros en sueldos.
