Aguamarga Gestión de estudios SL, gestora de rodajes en Ciudad de la Luz, ha entrado en concurso voluntario de acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas. Ayer fue publicada en el Boletín Oficial del Estado esta medida, por la cual toda su actividad queda intervenida por el juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante y su gestión en manos de un administrador concursal. Sin embargo, lejos de agravar aún más las relaciones entre la sociedad y la Generalitat, a quien Aguamarga acusa de provocar su insolvencia por un impago de 18 meses, la nueva situación ha apaciguado las tensiones entre ambas partes y allanado el camino hacia el interés común: desbloquear los estudios de cine y abrir la puerta a un nuevo gestor que los haga viables a cambio de que Aguamarga recupere liquidez y abandone el complejo. Ambas partes confirmaron ayer a través de varias fuentes que podrían alcanzar un acuerdo "de manera inminente". "Es cuestión de horas o días", apuntaron.

El concurso de acreedores fue solicitado en junio de 2011 por Aguamarga debido a la imposibilidad de pagar a media decena de proveedores y prestamistas. Ahora, una vez ha entrado en funcionamiento esta medida, toda su actividad queda en manos del juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante, incluidos todos los procedimientos judiciales y las reclamaciones de pago. Fuentes conocedoras de la negociación explican así que "lejos de agravar la situación, el concurso ha dado libertad a la empresa para funcionar durante varios meses más sin presión". Es en este periodo de "tranquilidad" cuando se ultima el acuerdo.

Las condiciones de la salida pactada, a día de hoy y según fuentes de la Generalitat y la mercantil, son que el Consell comprometería el pago a Aguamarga de una indemnización que rondaría los 6 millones de euros a cambio de que la empresa renuncie a gestionar el complejo -tiene contrato hasta 2014- en cuanto haya un nuevo administrador. Fuentes de la Conselleria de Turismo recordaron ayer que la intención de la propietaria de Ciudad de la Luz es "incorporar un nuevo gestor por concurso lo antes posible".

Algunas fuentes consultadas garantizan que la gestora de rodajes aún ocupará los platós durante varios meses, en una suerte de transición pactada que acabará cuando se incorpore el nuevo administrador de Ciudad de la Luz.

"Lo que faltan son varios flecos por pulir, relacionados con las garantías y la modalidad de pago", apuntaron fuentes conocedoras de la negociación, quienes aseguraron además que "el acuerdo debe estar supervisado por el juez", quien podría además "levantar el concurso" si considera la solución económica propuesta por la administración autonómica aptas para reflotar la empresa.

Evitar el desguace

En caso contrario, si Aguamarga no consiguiera tales garantías de pago, la mercantil no podría ofrecer un plan para saldar deudas con sus proveedores y sería declarada en liquidación. Sería, por tanto y en términos coloquiales, desguazada y repartida por piezas entre sus acreedores. "A nadie le interesa esta opción, porque existe la posibilidad de ir a un juicio que además puede salir muy caro", apuntan las citadas fuentes.

En este sentido, y a pesar de que ambas partes niegan que hayan procurado en ningún momento agotar económica o judicialmente al otro, hay quien dibuja un escenario propio de guerra de trincheras al explicar la relación profesional entre Aguamarga y Ciudad de la Luz. Fuentes próximas a la negociación reconocían ayer que el Consell ha estudiado "la posibilidad de dejar morir a Aguamarga" manteniéndose inflexible en las reuniones a fin de que la mercantil llegara a la liquidación.

Con esta actitud, según las fuentes consultadas, lograrían accionar una cláusula existente en el contrato que liga a las dos sociedades por la que su relación queda automáticamente anulada si Aguamarga entra en liquidación, es decir, en quiebra. Otras fuentes justifican esa rigidez en "la falta de dinero de la Generalitat".

Por su parte, la agencia EFE informó ayer de que el concurso fue dictaminado por el juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante con fecha del pasado 16 de diciembre. A partir de la publicación en el BOE se abre un plazo de 15 días para que los acreedores pongan en conocimiento de la autoridad judicial la existencia de posibles deudas. La información de EFE añade que los acreedores no personados también pueden acudir personalmente al juzgado de lo Mercantil de Alicante para solicitar el examen de los documentos o informes que consten en sus respectivos créditos.

Aguamarga es la gestora de Ciudad de la Luz desde el año 2000, aunque en 2009 la Generalitat acordó rescindir unilateralmente la vinculación, con el argumento de que ha habido un incumplimiento de funciones por parte de la empresa.