La comisión de reforma electoral de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha propuesto aumentar en un 154 por ciento su base electoral de modo que en las elecciones a la Junta directiva del próximo enero podrían votar 20.881 socios frente a los 8.220 que lo hicieron en las del 30 de junio.

Esta es una de las propuestas presentadas hoy en rueda de prensa por tres representantes de esta comisión, que fue elegida para modificar el sistema electoral de la entidad de gestión a raíz de la crisis vivida por la investigación judicial que se inició tras la detención de varios de sus exdirigentes.

Quince socios elegidos en una asamblea extraordinaria celebrada en septiembre han elaborado durante seis semanas una propuesta para ampliar el número de socios con derecho a voto y garantizar la transparencia del proceso electoral, que deberá ser refrendada por otra asamblea convocada para el 30 de noviembre.

La comisión ha propuesto también eliminar la figura del presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, cargo que ocupó en los últimos años Eduardo Bautista, uno de los imputados en la investigación judicial, y para el que no era necesario concurrir a las elecciones. Al eliminarse este cargo, el puesto será asumido por el presidente electo de la nueva Junta Directiva.

Antonio Onetti, Antón Rexa y Manuel Marvizón han explicado hoy las principales conclusiones de su propuesta y han defendido la "escrupulosa limpieza" de este sistema.

La comisión ha realizado también un llamamiento al Ministerio de Cultura, como "regulador" de la entidad, para que colabore en el proceso de refundación y que las elecciones se celebren en el plazo previsto.

El Ministerio debe ser "sensible" a la voluntad "unánime" de la SGAE y a su proceso "imparable" de refundación, han asegurado los miembros de la Comisión, que han pedido que no les metan "palos en las ruedas".

Una de las principales conclusiones es la creación de la figura del voto social, al que tendrán derecho todos los socios autores que hayan conseguido una recaudación igual o superior al salario mínimo interprofesional, es decir, 650 euros, en los últimos cuatro años.

Se trata, ha dicho Antón Reixa, de acabar con un sistema "oscuro, viciado y pintoresco" y avanzar en el proceso de refundación de la sociedad de editores.