El Consorcio de TV digital local de la demarcación de Alicante, Alicante Canal 21, formado por los municipios de L'Alacantí -Alicante, Sant Joan d'Alacant, Sant Vicent del Raspeig, El Campello, Xixona y Mutxamel-, invertirá una media de 130.00 euros al año en los próximos cuatro años para desarrollar una televisión comarcal cuyo contenido, además, podrá controlar previamente, según establece el pliego de condiciones.

La contratación para la prestación de dicho servicio, que desde hace un año presta la empresa Cinematográfica Alicantina Films bajo el nombre de La Metro a cambio de los ingresos publicitarios que consiguiera y sin contraprestación económica, ha vuelto a salir a concurso ahora por 440.766 ?, más el IVA correspondiente, que arroja un presupuesto medio en los próximos cuatro años de 130.000 euros, incluidos 10.833 euros para el remate de este año.

El primer contrato incluía que la empresa adjudicataria podría utilizar un local propiedad del Ayuntamiento en los antiguos cines Abaseis que la mercantil renunció a utilizar porque debía afrontar una reforma cercana a los 100.000 euros y decidió utilizar instalaciones de su propiedad.

Ante la no conveniencia de dicho contrato para el adjudicatario, reclamó su renuncia al Consorcio, "que le pidió que continuara hasta el 31 de diciembre para preparar un nuevo pliego de condiciones más atractivo", afirma el vicepresidente del Consorcio y concejal alicantino Juan Seva, que explica que en agosto se convocó uno nuevo por valor de 516.949 ?, que quedó desierto por problemas administrativos -a la que se presentaron la misma mercantil y Popular Televisión- y el 30 de septiembre se volvió a convocar otro contrato, cuyo plazo para presentar propuestas termina el 18 de octubre. La cifra se rebajaba a 440.766 ? al excluir de la oferta la programación extraordinaria que debía realizarse sobre la Volvo Ocean Race, que habrá concluido cuando se adjudique.

La novedad en este pliego de condiciones, además de que ahora los municipios del consorcio deberán destinar una media de 130.000 euros al año, es que la adjudicataria deberá ceder el 10% de los ingresos publicitarios y deberá someterse a mecanismos de control de la programación inexistentes hasta ahora.

De este modo, según se indica en el pliego de condiciones técnicas, el Consorcio podrá "dirigir y supervisar los contenidos de la programación siguiendo las directrices del Consejo Rector del Consorcio", así como "realizar encargos al adjudicatario de programas específicos de información" o "aprobar la parrilla de programación de la cadena".

También se establece que el adjudicatario tendrá que facilitar al Consorcio "escaletas de cada programa informativo y de noticias antes de su emisión" y el control, incluso, se extiende a los presentadores de programas ya que se llevarán a cabo "tantos castings como el Consorcio precise para determinar la idoneidad del personal que presentará o participará en los programas de la cadena".

Preguntado sobre estas condiciones, Juan Seva indicó ayer que el propósito de estos mecanismos no es otro que tener "un control mínimo para que se cumpla la oferta televisiva acordada porque esta es una televisión institucional que da una subvención pública a un operador privado" y rechazó que estas premisas pretendan ejercer una censura previa de los contenidos. "No habrá ningún control ideológico de la información. No lo ha habido nunca y la televisión lleva funcionando un año", apuntó, pese a que estos requisitos no figuraban en el anterior contrato.

Seva añadió que el objetivo es controlar que el operador cumple lo que se le pide en oferta televisiva, como "dar información de las fiestas de los municipios y no que pongan a un tío con una bola leyendo el tarot o que se emitan contenidos de adultos en horario infantil. Es por precaución y para evitar barbaridades, pero no se pretende controlar el contenido de la información, tendrán libertad para operar", consideró, tras añadir que es "materialmente imposible" controlar los contenidos porque sólo hay una persona técnica contratada por el Consorcio para esta tarea. A su vez, recordó que el pliego se acordó por unanimidad entre los seis municipios, sólo uno de ellos bajo gobierno socialista (Xixona) tras el cambio político.

Por su parte, la portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Elena Martín, dijo no entender "cómo en época de crisis y con estos mensajes de austeridad que se lanzan, la alcaldesa -que preside el Consorcio- de este Ayuntamiento apuesta por poner dinero en una televisión comarcal cuando se están cuestionando las televisiones autonómicas. Quiere una televisión que sea para mayor propaganda de la alcaldesa -puesto que Alicante es el municipio de mayor peso en el Consorcio- y ahora no es momento de que el dinero del ayuntamiento se vaya a televisiones, sino a problemas graves por resolver, a que no falten plazas en las escuelas infantiles, a que no se recorten plazas en la banda de música o a que se cree empleo".

Marí indica que su grupo pedirá información y dijo no extrañarse de las cláusulas de control "porque ya utilizan los medios públicos así en Canal 9".