Los estudios cinematográficos de Ciudad de la Luz parece que han recobrado la calma. La buena relación entre el nuevo director general del complejo, José Antonio Escrivá, y Aguamarga Gestión de Estudios, dirigida por Amparo Castellanos, parece haber encontrado su momento dulce. Tanto que, pese a que existe un contencioso entre ambas entidades en los tribunales, el Consell ha manifestado su acercamiento a la empresa y le ha tendido la mano para que continúe llevando la gestión de los estudios.
Como "excelente relación" definieron fuentes del complejo audiovisual la existente entre la Generalitat y los gestores, que ya han establecido contactos para ver la posibilidad de seguir con el proyecto de forma conjunta.
La salida hace un par de meses de José Luis Ferrándiz del cuadro operativo de Aguamarga, al igual que hace un año lo hicieron José Luis Olaizola y José Antonio Sáinz de Vicuña -que sin embargo siguen como accionistas de la empresa-, han marcado un borrón y cuenta nueva, en una nueva etapa que el Consell considera más en la línea de lo requerido en el contrato.
No obstante, el mayor escollo que hay que solventar para mantener este acuerdo es el proceso judicial en que ambas entidades se enzarzaron el pasado mes de diciembre. La entonces directora general de Ciudad de la Luz, Elsa Martínez, solicitó judicialmente la salida de Aguamarga de los estudios por incumplimiento del contrato, al achacarle falta de implicación en el proyecto. Un aspecto no compartido por la empresa que sin embargo reclamó entonces a los estudios 3,5 millones de euros por impagos. Desde esa fecha hasta ahora, se está a la espera de la resolución judicial que tendría que pasar por una indemnización cuya cantidad varía según la fije una u otra parte.
La relación con Aguamarga comenzó con la propia gestación del proyecto de Ciudad de la Luz, ya que en principio esta empresa contaba con un 25% de las acciones del complejo. Una situación que cambió en 2004 cuando el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, compró esas acciones aunque firmó un contrato con Aguamarga para que gestionase el proyecto. Desde entonces hasta ahora, las críticas a esa gestión han sido constantes por la falta de rodajes que han llegado de su mano y también por las partidas económicas desembolsadas a su favor.
Algunas incógnitas
Este nuevo vuelco en las relaciones Consell-Aguamarga llenan de incertidumbre algunos hechos, como la reunión prevista para hoy en Madrid del director general de Ciudad de la Luz, José Antonio Escrivá, con José Luis Olaizola y José Antonio Sáinz Vicuña, los máximos representantes de Aguamarga hasta que quedaron desvinculados el año pasado, pese a seguir como accionistas. Este encuentro con quienes, en principio, no guardan buenas relaciones con la cúpula actual de Aguamarga es toda una incógnita.
Otra de los temas sin aclarar que se plantea en estos momentos es la posible privatización de los estudios cinematográficos, con el anuncio de la consellera de Cultura, Lola Johnson, de que podría abrirse Ciudad de la Luz a la entrada de capital privado. Este punto provoca el interrogante de cómo puede negociarse una privatización mientras el proceso de Aguamarga está abierto y, sobre todo, cuando el Tribunal Supremo sentenció que las expropiaciones realizadas para construir el complejo cinematográfico fueron irregulares y el recurso está aún pendiente de resoución. La Sindicatura de Cuentas estima que las indemnizaciones pueden ascender a 42 millones de euros.
