La Audiencia Nacional ha estimado la obligación de que las administraciones públicas paguen una tasa a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y se inscriban en el Registro de Operadores de Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas si quieren ofrecer acceso a Internet gratuito mediante el sistema WiFi. Así consta en una sentencia que rechaza el recurso que el Ayuntamiento de Málaga presentó contra la sanción de 300.000 euros que la CMT impuso al consistorio en febrero de 2010 por una infracción muy grave de la Ley General de Telecomunicaciones. A finales de 2007, inició una red pública wifi en centros administrativos, museos y pistas deportivas. El consistorio interpondrá recurso de casación.