Más de 1.400 firmas de particulares y de las principales instituciones parlamentarias de la provincia y la Comunidad Valenciana fueron presentadas ayer en la Subdelegación del Gobierno de Alicante para sumarse a la petición al Tribunal Supremo para que revise y anule la condena a muerte dictada por un tribunal franquista que pesa aún sobre Miguel Hernández.

Entre los firmantes en el escrito presentado por la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica se encuentran las Cortes Valenciana, la Diputación de Alicante, Valencia y Almería, 38 ayuntamientos españoles, centros educativos y asociaciones cívicas.

Manolo Parra, portavoz de la Comisión, señaló que los herederos de Miguel Hernández, que ayer no pudieron acudir al acto, consideran que la anulación de la condena sería "el broche de oro" a la celebración del centenario de su nacimiento, ya que.

Para justificar dicha petición, los juristas Carlos Candela Ochotorena y Rafael Escudero Alday indicaron estar esperanzados en la revisión de la sentencia, cuya admisión o no a trámite por el Tribunal Supremo se prevé conocer alrededor del mes de marzo.

Dos argumentos nuevos son los que se adjuntan a la reclamación para la revisión de la condena: uno de ellos es el reconocimiento por el Estado de la condena injusta al poeta, plasmado en una declaración con la Ley de Memoria Histórica; el segundo es la existencia de pruebas en defensa de Miguel Hernández presentadas en el procedimiento abierto contra él en Orihuela, que no fueron remitidas a los tribunales de Madrid pese a ser requeridas. Entre estas pruebas de defensa, se encuentra el aval de un influyente dirigente falangista que defendió a Hernández asegurando que a él le había salvado la vida.