El Gobierno quiere acabar con la brecha digital convencido de que las nuevas tecnologías pueden ayudar a gestionar mejor las instituciones y convertirse en "escuelas de democracia" que hagan del ciudadano una persona más libre y mejor informada. Una apuesta del Ejecutivo que su vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quiso resaltar durante su intervención en el curso de verano Ciberparlamento, Estado y democracia digital, organizado por la Fundación Universidad Rey Juan Carlos y la Asociación de Periodistas Parlamentarios.
De la Vega recordó que próximamente el Gobierno presentará el proyecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información, con el que se pretende facilitar el acceso de los ciudadanos a toda la información que, salvaguardando la confidencialidad y la seguridad, obra en poder de las administraciones públicas. En la aplicación de las nuevas tecnologías a la política y a la vida parlamentaria, De la Vega distinguió entre los ciberoptimistas y los ciberpesimistas. Las nuevas tecnologías, dijo, no van a acabar por sí mismas con la violencia y la persecución, "ni tampoco con la desconfianza hacia la política".
"No van a acabar con la apatía de muchos ni va a generar esa ciudadanía plenamente activa y comprometida que a tantos nos gustaría, pero sí pueden ayudarnos a estrechar la brecha entre los ciudadanos y las instituciones".
Como el Gobierno cree que el ciudadano libre e informado es el "más sólido pilar" de la democracia, se ha empleado en la aplicación de las nuevas tecnologías con el objetivo de lograr una administración más eficiente y cercana. Los datos facilitados reflejan que en la actualidad más de 2.000 procedimientos administrativos de la Administración General del Estado pueden efectuarse electrónicamente, lo que supone el 97 por ciento del total.
